Después del movimiento telúrico y la reactivación social empeñada en salvar vidas vendrá, sin duda, el sismo político.
Es prematuro determinar el epicentro y la magnitud de ese otro temblor, pero no hay duda que sacudirá a más de un gobernante, provocará vértigo a los dirigentes partidistas y fortalecerá o debilitará las posibilidades de éste o aquel otro aspirante presidencial.
En estos días de tragedia y dolor, el tino o desatino con que se conduzcan quienes administran, dirigen, ruletean, representan o pretenden el poder será determinante en su porvenir político. No es para menos, a la gente se le movió el piso en el centro y sureste de la República o, bien, le cayó el cielo encima en otras regiones del país. Y hoy, a diferencia de hace treinta y dos años y pese a carecer aún de fórmulas de organización efectivas para auxiliarse y apoyarse entre sí, la gente confía más en sí misma que en la autoridad política.
Tanto se alejó la clase política de la ciudadanía que hoy duda al acercarse a ella o calcula cómo hacerlo sin irritarla más de lo que ya se encuentra. Y todavía falta recorrer un tramo duro, aquel donde la esperanza de rescatar vidas sucumbe ante el ruidero de la maquinaria pesada que hace sepultura o montaña de escombros del hogar querido. Y el tramo donde a la solidaridad espontánea la suplanta la burocracia establecida, exigiendo esto y aquello para acreditar la propiedad de la ruina a punto de ser derruida y, de ser el caso, recibir ayuda para reconstruir lo que se pueda o rehacer la vida en otro sitio.
A saber si no más de un miembro de la clase política resulta damnificado o víctima colateral del colapso.
Movimientos de ese otro sismo comienzan a percibirse.
El más notorio, quizá, el relativo a la demanda social de destinar al auxilio y la reconstrucción parte de las prerrogativas partidistas. En la plataforma change.org, la demanda sumaba hasta ayer al mediodía un millón trescientas mil firmas. Un reclamo que, ahora, particularmente el dirigente priista, Enrique Ochoa, quiere presentar como una propuesta propia y disputar que fue él y no el dirigente morenista, Andrés Manuel López Obrador, quien la formuló primero. Infantil la postura.
Lo curioso de la actitud de esos y los demás dirigentes partidistas dispuestos a reintegrar parte de las prerrogativas, es el concepto relativo a la propiedad de esos recursos: confunden donar con devolver. Quieren donar o renunciar a un cierto porcentaje de lo que reciben, siendo que en realidad sólo devolverían parte del dinero que les da la sociedad. No es lo mismo devolver que donar.
Acostumbrados a dar despensas y tinacos o a imprimirle un sesgo electoral a los padrones de los programas sociales, de seguro, les cuesta entender cómo es eso de prescindir de recursos sin asegurar del todo un voto a cambio.
Si hoy, en la emergencia, los dirigentes partidistas reconocen que son muchos los recursos recibidos por parte el Estado, el gesto -derivado de la presión social y no de una graciosa concesión- debería ser actitud permanente y, entonces, en vez de buscar la forma legal y extraordinaria de devolver parte de ese dinero, lo indicado sería reformar la fórmula que, año con año, incrementa las prerrogativas. ¿Están dispuestos a eso los dirigentes partidistas y los coordinadores parlamentarios?
La sociedad, al menos una porción considerable, pretende una democracia cara por querida, no por costosa. Más cuando al uso de las prerrogativas se suman cantidades extraordinarias de dinero sucio o, bien, destinado a propósitos distintos a los electorales.
Otro síntoma de ese temblor político por venir es el concerniente a la crisis de capacidad, legitimidad y representatividad de la autoridad política y, a causa de ella, la sobrecarga de tareas que desempeña el Ejército y la Marina.
Las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo el recurso a emplear ante la ausencia, la ineficacia y la desconfianza en el gobierno, cualquiera que éste sea. Insistir en la idea de que, como quiera, ahí están los soldados y los marinos para lo que se ofrezca, puede acarrear diversos efectos colaterales. Uno, el agotamiento del instituto armado y el malestar de los mandos ante los distintos frentes que se les obliga a atender, a causa de la incapacidad de la clase política para resolver los problemas que, a veces, ella misma genera. Dos, la profundización del sentimiento encontrado que la población guarda con las Fuerzas Armadas, el uniforme es símbolo a veces de seguridad y auxilio y a veces de temor y miedo. Ni a la sociedad ni al instituto armado conviene esa relación. Tres, la tentación de encontrar en las Fuerzas Armadas la solución al fracaso de la política es, al final, un peligroso espejismo.
La clase política está abusando de las Fuerzas Armadas y es delicado.
Cómo sacudirán huracanes y sismos a la clase política está aún por verse y, en cierta medida, ello dependerá de la actitud y los pasos que dé.
Figurar sin comandar el auxilio y la reconstrucción sería un error. Esconderse o sobreexponerse también. Caminar sobre las ruinas con la intención de sacar ganancia del cascajo, lo mismo. Etiquetar y administrar despensas o ayuda con sello electoral, ni se diga. Responder al reclamo social con disfraz de iniciativa propia, igual. Pretender derivar beneficios políticos del dolor o la necesidad social resultará contraproducente.
La estructura política estaba dañada desde antes del sismo, por absurdo que parezca, sus operadores deben andar sobre ella con pies de plomo.
El socavón Gerardo Ruiz
Hace 73 días se abrió el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca y el secretario Gerardo Ruiz Esparza sigue en pie. Al menos, el socavón debería llevar su nombre.