La gente está molesta y su enojo se dirige cada vez más a los políticos. Esto ha sido claro a partir de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Los partidos se han dado cuenta y han empezado a ofrecer recursos para la reconstrucción. Algunos han prometido 20 o 50 por ciento de sus "prerrogativas". El PRI ha ido más allá y ha propuesto 100 por ciento.
No es fácil entregar este dinero. Si un partido o candidato usa los recursos para regalar despensas a los damnificados estará cometiendo el delito de compra de votos. No usar el dinero y devolverlo a la Secretaría de Hacienda significa perder los recursos en ese barril sin fondo que es el gasto federal.
Si bien el PRI ya ha pedido al INE que le retenga las prerrogativas que faltan de este 2017, unos 258 millones de pesos, está proponiendo además una enmienda constitucional para eliminar la financiación pública de los partidos a partir de 2018. No es el primero. El llamado Frente Ciudadano hizo la misma propuesta el 22 de septiembre. En 2007 Dante Delgado de Movimiento Ciudadano también pidió eliminar el esquema de financiación pública de los partidos.
Para algunos políticos y activistas, sin embargo, eliminar estas prerrogativas equivale a un pecado mortal o a un crimen de lesa humanidad. Los partidos y los candidatos, piensan, tienen un derecho divino a recibir dinero de los contribuyentes.
El actual esquema de financiación pública de los partidos es producto de una serie de falsas promesas. En 1996, cuando se estableció, se dijo que impediría que el narco y los grandes empresarios controlaran a los partidos y a los candidatos. Falso. La influencia es cada vez más notable.
Ante las quejas por el elevadísimo costo electoral, los políticos hicieron una nueva reforma en 2007. Dijeron que ahorrarían dinero si en lugar de comprar tiempos de radio y televisión los confiscaban. Ahora tienen esos espacios, pero siguen gastando cada vez más.
Los partidos también afirmaron que si obligaban a los contribuyentes a gastar una cantidad suficiente de dinero los comicios gozarían de mayor credibilidad. Tampoco esa promesa se ha cumplido. Los electores no tienen confianza en el sistema. El pasado mes de junio una encuesta de Reforma señalaba que 60 por ciento de los mexicanos considera que el INE no está preparado para organizar las elecciones de 2018 mientras que el 55 por ciento considera que no es independiente del gobierno.
Nuestras elecciones son extraordinariamente caras. Solo los partidos nacionales recibirán 6,789 millones de pesos de dinero público en 2018. Los mismos partidos, a nivel estatal, obtendrán otros 6 mil millones de pesos. Pero además los partidos pueden recaudar cantidades similares de fuentes privadas. El INE gastará por su parte 18,226 millones. Los organismos electorales estatales, OPLEs, cerca de 14 mil millones. El Tribunal Electoral federal más de 3 mil millones y los estatales otros 4 mil millones. El costo real del tiempo "gratuito" de radio y televisión de los partidos y el INE ascenderá por lo menos a 60 mil millones de pesos. Estamos hablando de 112 mil millones de pesos en total, sin considerar aportaciones privadas.
El costo del proceso electoral en México -sin contar el gasto de los partidos-- es de 5 dólares con 90 centavos por elector, de acuerdo con aceproject.org. El de Chile, 1.20 dólares. Estados Unidos y los países de Europa gastan entre 1 y 3 dólares en sus procesos electorales.
Tenemos una democracia mala, pero extraordinariamente cara. No ha generado credibilidad, ni honestidad. Es un simple extraordinario desperdicio de recursos.
Primero es el miedo. Luego la solidaridad. Empieza después la cacería de presuntos culpables. Después todo se politiza. o, para decirlo mejor, se partidiza.
Twitter: @SergioSarmiento