El Ejecutivo español propuso ayer el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su equipo, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región autónoma.
Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña, como la hacienda y el orden público, en virtud del artículo 155 de la Constitución, inédito hasta ahora en España.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes de forma sistemática, el Gobierno aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.