La representación del gobierno de México que participó en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de San Salvador Atenco, admitió ante ese tribunal su responsabilidad internacional por los hechos y aceptó acatar las medidas para reparar a las víctimas.
En el marco de las conclusiones de la audiencia donde se discutió sobre los hechos de presuntas violaciones y torturas cometidas por policías federales, estatales y municipales contra 11 mexicanas en mayo de 2006, en una serie de disturbios en San Salvador Atenco y Texcoco, los representantes del Estado mexicano y de las víctimas coincidieron en que en esos hechos hubo violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, en las conclusiones discreparon en torno a si fue un ataque planificado o un acto sin control de fuerzas de seguridad.