Desde su nacimiento en enero de 1994, la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos Electorales había estado controlada por los priistas, aunque no estuviesen en la Presidencia de la República, hasta que en febrero de 2015 asumió como su titular Santiago Nieto Castillo; la diferencia fue manifiesta: por primera vez se persiguieron los delitos electorales que inciden los resultados de los comicios, sin dejar de atender los asuntos que tienen que ver con el registro de electores, cuyo impacto en la mayoría de los casos es en otros ámbitos.
El giro incómodo a los priistas, especialmente porque Nieto se aventuró a integrar el expediente en contra de Emilio Lozoya, quien fue coordinador del área internacional durante la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, por presunto financiamiento ilegal por parte de la firma brasileña Odebrecht. Pero también porque estaba integrando expedientes en contra de la compra y coacción del voto y financiamientos ilícitos en las campañas del Estado de México y Coahuila.
El entonces fiscal fue removido de su cargo el viernes 20 de octubre, antes de que pudiese concluir la integración de dichos expedientes y su consignación ante el Poder Judicial, por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, tras la renuncia inesperada de su titular, Raúl Cervantes. Ese mismo día el ex Fiscal anunció que solicitaría su reinstalación ante el Senado y lo concretó el lunes 23 de octubre, sin embargo, el viernes 27 se desistió.
Esa semana fue claro que Emilio Gamboa, líder del grupo parlamentario PRI en dicho órgano, tenía el control de la mayoría de los senadores, pues aunque el tricolor y sus partidos satélites tienen únicamente 63 legisladores (55 del PRI; 7, del PVEM; y 1, que llegó por el PANAL), consiguen los dos votos que les faltan para obtener la mayoría sumando a los disidentes del blanquiazul. A pesar de ello, el PRI optó por impedir que el asunto llegase al Pleno para no correr ningún riesgo.
Al mismo tiempo, fue evidente que la misma PGR amenazó con integrarle diversas averiguaciones previas a Santiago Nieto y, tras bambalinas, lo presionaron para que se desistiera. Todo esto lo comenté en su momento en publicaciones en este mismo espacio.
Pero la historia todavía no había terminado, pues no bastaba con destituir al fiscal incómodo, sino que había que ocupar dicho cargo con un fiscal a modo, uno que les garantizará impunidad para actuar a placer durante el proceso electoral en curso. El PRI quería además de eliminar los obstáculos, lograr su inmunidad y para ello tenían que nombrar un fiscal a modo.
La labor para conseguirlo empezó con la aprobación de una convocatoria a modo, pues requieren tener el margen de maniobra suficiente para imponer a un personaje que les dé plenas garantías. La convocatoria inicial señalaba que los candidatos no podían haber sido dirigentes partidistas o candidatos a un puesto de elección popular en los últimos seis años, lo cual les limitaba dicha posibilidad, por lo cual eliminaron ese requisito y la emitieron el pasado jueves.
En esos términos la convocatoria ya es una mera formalidad, pues es un hecho que el PRI ya tiene seleccionado al próximo fiscal. El elegido tendrá que pasar por todo el procedimiento, pero poco importa lo que haga durante el mismo, pues él se inscribirá porque Gamboa, o alguien de los suyos, ya le garantizaron que él es el próximo fiscal.
En estos momentos el PRI tiene el control de 4 consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aunque en los asuntos más importantes para ellos normalmente suman uno más; de la mayoría de los 7 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y ahora, pues ya nada más tienen que cumplir el trámite formal, de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Nuevamente como ocurría en la época del priiato, los tricolores tienen el control de las 3 autoridades electorales, con lo cual tiene las manos libres para implementar todas las maniobras ilegales con la seguridad de que no corren ningún riesgo de ser sancionados y, por lo tanto, está garantizada la validez de la elección a pesar de todas las irregularidades, ilegalidades y delitos que cometan para intentar asegurar el triunfo en la elección presidencial.
El operativo para lograr este control, se empezó a implementar, con todo cinismo, desde la designación en octubre del año pasado de los siete Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, por parte del Senado; continuó en marzo de este año con la designación de los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, por la Cámara de Diputados; y ahora con el nombramiento de un nuevo titular de la Fepade.
El único antídoto contra este agresivo operativo de fraude electoral es el voto ciudadano, es decir, hoy cobra más relevancia que nunca un sufragio informado y razonado, pues la única posibilidad de impedirlo es que el primero de julio del 2018 la ciudadanía se vuelque a las calles y los derrote en las urnas.