Reviran a campesinos: 'buscan el despojo'
Alejandro García Estrada, apoderado legal de María Teresa Díaz Vázquez y Román Antonio Barragán, rechazó que exista en San Juan del Río un intento de despojo en contra de 50 familias de cuatro comunidades; al contrario, dijo, son 33 los pobladores de ese municipio quienes desde 2010 buscan apoderarse de tres mil hectáreas propiedad de sus representados.
Relató que el conflicto inició porque estas 33 personas interpusieron una demanda en 2010 argumentando que en 1980 se realizó, de palabra, un contrato de compraventa con Rafal Vázquez Gonzáles quien se ostentaba como apoderado legal de los propietarios de la Hacienda de Menores.
Dicho contrato, explicó García Estrada, se realizó por dos mil 56 hectáreas, pero en 2010 estos 33 pobladores afirmaron que al momento de medir el predio resultó que eran cinco mil hectáreas, es decir tres mil más, por lo que buscan despojar a sus representados.
Un juez de primera instancia reconoció la propiedad sobre las dos mil 56 hectáreas pero aclaró en su resolución que no pueden disponer de las tres mil hectáreas restantes porque estas tienen un dueño legítimo desde 1910.
A pesar de ello, reveló, desde hace siete años los demandantes, es decir los 33 pobladores de las comunidades de Menores de Abajo, Menores de Arriba, Los Charcos y Santa Rosalía, han emprendido una campaña de acoso contra el apoderado legal en la que se incluye una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por un intento de secuestro por parte de elementos de la Fuerza Rural, quienes, afirmó, también forma parte de los demandantes.
En febrero pasado, recordó, también se detectó a tres personas, una de las cuales portaba un arma y se ostentaba como miembro de la Policía Rural, las cuales habían ingresado al predio de manera por lo que se solicitó apoyo de las autoridades, pero horas después el sujeto fue dejado en libertad; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició un expediente ya que el arma no era la de cargo.
Existe, describió, una colindancia de 12 mil metros entre el predio de los pobladores de estas comunidades y la hacienda de sus apoderados, la cual han buscado delimitar mediante una cerca. Esto no ha sido posible porque cada vez que los vaqueros de la Hacienda levantan la cerca los pobladores la tiran para que sus animales pasten del otro lado, añadió.
Este abuso ha provocado que el apoderado legal haya presentado al menos cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por daños que ascienden a unos dos millones de pesos y la imposibilidad de criar ganado en la zona. García Estrada reconoce que temen que los animales sean asesinados por los pobladores inconformes.