Presiona ley de seguridad

La Ley de Seguridad Interior obligará a las entidades a justificar detalladamente por qué requieren de la intervención de las Fuerzas Armadas en sus territorios para combatir al crimen y, de paso, se deberán comprometer a colaborar para atender los riesgos que reportan.

Además, la ley obliga a las entidades a cubrir con su presupuesto parte de los gastos que se generen por las acciones de protección que demanden.

Tal legislación busca regular la labor del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad en las entidades. Fue aprobada por los diputados el jueves y se discutirá en el Senado esta semana.

El artículo 13 indica que en las peticiones de Declaratoria de Protección, las Legislaturas locales o el Gobernador deberán presentar al Ejecutivo federal las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, lo cual no sucede actualmente cuando se movilizan fuerzas federales a determinados territorios.

Para ello, las entidades tendrán que especificar la "amenaza identificada" y el impacto de la misma; el área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas; y presentar estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar.

Las entidades también deberán precisar cuáles son sus áreas de "insuficiencia" operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada y suscribir un compromiso para contribuir a su atención.

Las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en la tarea de la garantizar la seguridad nacional, establece el segundo párrafo del artículo 1 de la ley.

En tanto, en el artículo 14 destaca que se tendrán que precisar las acciones que se requieran de las entidades federativas o municipios y de las Fuerzas Federales participantes.