Tras muchas posposiciones, en el 2014, los legisladores federales tuvieron que ceder a las demandas ciudadanas e incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instrumentos de democracia directa, que subsumieron en la figura de la consulta popular en el artículo 35 constitucional.
Sin embargo, es importante señalar que lo democrático de los instrumentos de la democracia directa proviene del uso que se le dé a los mismos, pues prácticamente todos los dictadores latinoamericanos los ha utilizado para perpetuarse en el poder o para avalar medidas claramente antidemocráticas. En México han sido los mismos partidos políticos los que se han encargado de pervertir el uso de la consulta popular e intentar utilizarla para avalar medidas muy cuestionables.
El más reciente intento de esta perversión lo perpetraron legisladores del PRI, PVEM, Panal y PES, que aprobaron el pasado jueves 14 de diciembre la incorporación en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018, de una consulta para instaurar el llamado mando único, como ha demandado el presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo al apartado VIII del artículo 35 constitucional, antes de proceder a la convocatoria de la consulta, la Suprema Corte de Justicia debe resolver sobre la constitucionalidad de la misma, lo cual implica que no caiga en alguno de los supuestos establecidos en el mismo artículo en el párrafo 3°, en el cual señala explícitamente: "No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente."
En la sesión de la Cámara de Diputados donde se discutió y votó el dictamen que autorizaba la consulta, los legisladores que se oponían al mismo señalaban que era un tema de seguridad nacional, sin embargo, se trata más bien de un tema de seguridad pública, lo cual no es precisamente lo mismo; en cambio, sí puede ir en contra de uno de los principios señalados en el artículo 40 de la misma Carta Magna, que es el del federalismo, ya que violenta la soberanía de los Estados al establecerles límites en materia de seguridad pública.
Pero la mayor perversión y manipulación se da en el texto de la pregunta que se pretende poner a consideración de la ciudadanía: "¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?". En los términos en que está redactado es imposible oponerse, es decir, todo mundo responderá que sí.
La pregunta no toma en consideración que hoy ya existen 32 policías estatales y que más allá de que no son profesionales, como asume la interrogación, muchas de ellas (para no generalizar) se encuentran en las mismas condiciones que muchas de las policías municipales. Tampoco considera, que sí hay policías municipales que son profesionales y reúnen las características que la pregunta asume que no tiene ninguna.
La seguridad pública se ha convertido en un tema prioritario para el país a partir del 2006, tras la decisión del entonces presidente Felipe Calderón de implementar el llamado "Operativo Michoacán", involucrando al Ejército en la guerra contra la delincuencia organizada. A partir de ese momento los índices delictivos, particularmente de los llamados delitos de alto impacto, se han disparado en el país y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no ha sido suficiente para controlarlos.
Ciertamente la gran mayoría de los más de 2,500 municipios que conforman el país no tienen la posibilidad de mantener a sus propios cuerpos de seguridad; pero exactamente lo mismo puede decirse de varios estados de la república. Y, peor todavía, tampoco puede afirmarse que las policías federales son profesionales ni que la actuación de los militares y marinos se apegue estrictamente a la ley.
El problema de la inseguridad no se resolverá con una consulta popular, en la que únicamente se pueda votar sí o no y, mucho menos, con una pregunta mentirosa y manipuladora. Es un tema que requiere de un conocimiento científico y técnico específico y, por ende, necesita de la participación de expertos en mesas de debate y reflexión.
Antes de cualquier consulta popular, lo que tiene que abrirse es un espacio público, en el que participen autoridades, expertos y ciudadanía en general, particularmente la que ha sido afectada directa e indirectamente por esta ola de inseguridad que lastima a todo el país, en mayor o menor grado.
A partir de un proceso bien diseñado e implementado, debe emerger un plan integral de seguridad, que desde luego tiene que tener entre sus apartados la organización y coordinación de las policías; pero también debe incluir aspectos de salud pública, política urbana y política social, entre otros. La mayor deficiencia de los programas de seguridad que se han implementado hasta hoy en el país, particularmente en los dos últimos sexenios, es que han ignorado los problemas estructurales que aquejan al país.
La lacerante inseguridad que azota al país, no se resolverá únicamente con el uso de la fuerza pública, requiere una solución integral. Resulta increíble que después de más de una década de fracasos, que incluyen más de 200 mil homicidios y más de 30 mil desaparecidos, nuestros gobernantes sigan empecinados en verlo simplemente como un asunto de policías y fuerzas armadas.