México se llenó de coaliciones. Las tres de los partidos se caracterizan por el pragmatismo. Otras, menos reconocibles, se forman para defender causas concretas. Me refiero a estas últimas.
Hay muchísimos obstáculos a la participación ciudadana, pero estamos mejor equipados que en el México autoritario del pasado. Antes eran puras derrotas y frustraciones, ahora tenemos mejores condiciones para dar batallas y de cuando en cuando logramos victorias. Hace apenas cinco semanas celebrábamos el fallo de la Suprema Corte sobre publicidad oficial que obliga al Congreso a reglamentarla y le pone como fecha límite el 30 de abril de 2018.
La batalla por la Ley de Seguridad está lejos de haber concluido. Faltan dos etapas. En la primera se le pide al presidente que vete la ley. Como lo más probable es que nos ignore, vendrá la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá 30 días para interponer la acción de inconstitucionalidad que actualmente prepara. El asunto tendrá que decidirlo la Suprema Corte que está adquiriendo un saludable protagonismo.
En estos y otros casos han estado muy activas las coaliciones formadas generalmente por cinco actores. Es frecuente que las iniciativas las encabecen grupos civiles y empresariales o instituciones públicas de derechos humanos, es habitual la presencia de organismos internacionales y embajadas de diversos países, también participan ciudadanos, políticos y funcionarios que se suman a los debates en sus espacios y a través de las redes sociales; siempre hay medios de comunicación dando voz a estas coaliciones. Son alianzas con duración y métodos variados pero con la capacidad para influir en el rumbo que tomen asuntos públicos bien importantes.
Fueron dos organismos civiles -Artículo 19 y Fundar- quienes tomaron el liderazgo en la campaña para demandar la regulación de la publicidad oficial. En la disputa por la Ley de Seguridad Interior, la CNDH abandera en estos momentos la causa porque tiene la voluntad y la capacidad para iniciar una acción de inconstitucionalidad.
Ni el triunfo ni la derrota están decididos en los dos casos; son prioridades de la agenda ciudadana para 2018. Tendremos que dar seguimiento a la manera como el Congreso reglamenta la publicidad oficial así como al enfrentamiento entre el PRI, sus aliados y la formidable coalición opuesta a la Ley de Seguridad Interior.
Jenaro Villamil enumeró, en su texto para Proceso de esta semana, a quienes se han sumado a la oposición a la Ley: los cuatro altos comisionados de Naciones Unidas sobre derechos humanos, la CNDH, el INAI y 25 comisiones estatales de derechos humanos, el colectivo Seguridad Sin Guerra representando a 240 organismos civiles, la Coparmex, los rectores de tres de las más importantes universidades del país (UNAM, UdeG e Universidad Iberoamericana), diputados y senadores de diversos partidos y personalidades de la cultura y el cine. Cuando iniciaba la semana nos enteramos de una coalición de organismos internacionales que observarán lo que pasa con la mencionada Ley.
Como la disputa se librará en año electoral, otra prioridad para la ciudadanía organizada será exigir a los candidatos que se pronuncien a favor o en contra de las leyes que regularán la publicidad oficial y la seguridad interior. Es ridículo que se refugien en el silencio, las evasivas o las generalidades.
Nada está escrito. En nuestra imperfecta democracia hay márgenes de acción para la participación ciudadana en los asuntos públicos. La aparición de coaliciones cada vez más diversas y efectivas es una buena noticia. Disfrutémosla durante la pausa navideña.
LA MISCELÁNEA
El 20 de febrero de 2011 desaparecieron en San Nicolás de los Garza, Nuevo León al policía federal Juan Hernández Manzanares. Su madre lo busca desde entonces. Desesperada por la falta de atención interrumpió el 11 de octubre de 2016 una conferencia que impartía el Comisionado General Manelich Castilla Craviotto en El Colegio de México. Denunció la indiferencia y el Comisionado se comprometió a atenderla. Tuvieron que pasar 14 meses para que le dieran una audiencia programada para el 20 de diciembre. El desdén hacia sus propios desaparecidos habla mal de la Policía Federal.
Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.