En el transcurso de la semana del 18 al 22 de diciembre se dieron a conocer detalles de un desvío millonario de recursos públicos para financiar las campañas de los candidatos priistas a gobernador, en las entidades en las que el tricolor era oposición, en el año 2016; inicialmente la fuente era un testigo protegido, pero posteriormente fue un sentenciado a 4 años de prisión por su participación en los hechos delictivos.
De acuerdo a la información disponible, los recursos salieron de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, vía convenios de fortalecimiento financiero con las entidades involucradas (Chihuahua -que fue donde se descubrió el desvío-, Veracruz y Tamaulipas, en una primera instancia; y, posteriormente, se agregaron Durango, Puebla y Sinaloa, éstas dos últimas gobernadas en ese momento por candidatos postulados por una alianza donde participaron PAN y PRD)
Lo que obra en el expediente del Secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez, sentenciado a 4 años de cárcel, son 246 millones de pesos; que suponiendo que implicaran una cantidad similar en los otros estados llegarían a un monto entre 750 y mil 500 millones de pesos. También de acuerdo a lo que se señala en la información, el flujo era: la federación aportaba el recurso, pero ese dinero no debía canalizarse directamente para financiar al PRI, sino que se debían desviar fondos estatales, para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tuviera autoridad para vigilar el uso de dichos recursos.
Es decir, después de lo ocurrido en los gobiernos de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, no hay duda que las auditorías estatales cerraban los ojos frente a las irregularidades que cometían los gobiernos de sus estados; pero la ASF sí las detectaba, aunque sus señalamientos y denuncias finalmente no tenían ningún seguimiento. Para evadir la fiscalización de la ASF, había que gastar escrupulosamente los recursos federales que llegaran, pero tenían manos libres con los recursos estatales.
En las tres entidades ha sido la alternancia en el partido en el gobierno, la que permitió descubrir los presuntos desvíos de recursos públicos; ésta ha sido la clave para la persecución de los gobernadores y ex funcionarios estatales.
Sin embargo, en el caso revelado esta semana hay indicios de que la premura con la que se desarrolló la operación provocó que quedaran algunos cabos sueltos y la ASF detectó algunas de las irregularidades, aunque aparentemente no inició ninguna acción legal, sino que fueron las autoridades de Chihuahua.
Por supuesto que los líderes priistas y el ex dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones salieron de inmediato a negar las acusaciones. Beltrones recurre a la descalificación de la figura de los testigos protegidos y a formalismos para deslindarse de los hechos. Lógicamente la eventual participación del dirigente nacional del PRI o del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nunca fueron formalizadas ni quedaron plasmadas en documentos con sus firmas; pero eso no implica que no hayan sido los cerebros de la misma, si ésta puede demostrarse.
La trama revelada inicialmente por el periódico Reforma, relata detalladamente nombres y posiciones de las personas involucradas, así como, datos precisos de las empresas utilizadas para el desvío de los recursos y los rubros por los que se les extendieron los contratos. En las revelaciones hay suficientes elementos para rastrear el flujo de recursos desde las arcas públicas a las campañas.
Los recursos tuvieron que moverse a través del sistema financiero, al menos en las primeras etapas. En el sistema financiero debe haber rastros de los recursos federales que llegaron a las instancias estatales y para qué se utilizaron; también tiene que haber pruebas suficientes de los pagos de las arcas estatales a las empresas señaladas en los contratos y cuál fue el destino que estas empresas le dieron a esos recursos, así como, quienes son los dueños de las mismas.
Seguramente esos recursos nunca ingresaron a cuentas del tricolor, así que en eso sí tiene razón el líder de los diputados tricolores, en las cuentas del partido auditadas por el Instituto Nacional Electoral no aparecen dichos recursos. Precisamente porque no podían justificar su origen, nunca les dieron entrada oficial y los gastaron en las campañas en efectivo o a través de cuentas de particulares.
Hay dos vías por las que los recursos pudieron haber ingresado a las campañas: en efectivo, que es la forma en que se gastan casi todos los recursos de compra y coacción del voto y hasta de promoción directa del voto, la llamada campaña de tierra, y será muy difícil de probar que se dedicaron a la campaña, pero sí se podrá identificar que en algún momento e instancia se cambiaron cantidades muy grandes de recursos; o bien, las empresas (sea las especificadas en los contratos u otras a las que éstas los canalizaron) pagaron directamente servicios que se utilizaron en las campañas, en este caso es más rastreable.
Aunque las autoridades hacendarias y financieras no podrán ignorar requerimientos de las autoridades judiciales, en su momento, si pueden dificultar y demorar mucho las investigaciones, pues para poder tener todas las pruebas se requiere de la colaboración de la Dirección de Inteligencia Financiera de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Será muy difícil que las pruebas incriminen directamente a Beltrones y Videgaray, pero sí hay forma de demostrar que los recursos se destinaron a las campañas; y no puede pensarse que sus subalternos hayan realizado esta operación sin su conocimiento. Y, mucho menos, que esto es algo ocasional y aislado.