Piden prohibir entrega de tarjetas
Senadores de oposición exigieron al Tribunal Electoral federal revisar su fallo que considera la entrega de tarjetas como propaganda electoral y urgieron a sancionarlo como delito.
Para Dolores Padierna, integrante de la Comisión de Justicia, la resolución de la Sala Superior legaliza un delito y da entrada plena a la corrupción en el proceso electoral.
"La entrega de tarjetas es una vía para rebasar los topes de campaña porque no hay manera de supervisión. Es lucrar con la necesidad de la gente, lavar dinero de procedencia ilícita (del presupuesto y del narcotráfico)", dijo la legisladora del PT.
"Enturbia la elección y nos aleja de la transición por la vía de las urnas para que se impongan los poderes fácticos. Qué se prohíba tajantemente el uso de tarjetas. Que el INE no se haga cómplice de estos fraudes y estos atentados a la democracia", demandó la ex perredista.
El petista Luis Humberto Fernández advirtió una maniobra del grupo en el poder.
"Es una estrategia del PRI y del Partido Verde para la elección, basada en acciones ilegales o institucionales. El Tribunal despierta desconfianza", consideró.
El también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana cuestionó como justificar jurídicamente que se repartan tarjetas para financiar una prestación o servicios específicos.
"Es un acto de compra. Se está recibiendo una transacción a cambio de votos. Sin duda es un tema que no abona a una elección legal", añadió.
La perredista Angélica de la Peña advirtió que el Tribunal Electoral federal perdió su imparcialidad.
"Deja muy mal parado al Consejo General del INE, que había identificado cómo las tarjetas rosas fueron usadas para manipular el voto de personas necesitadas de esa prebenda. Es preocupante lo que ha decidido el Tribunal Electoral, que, todo indica, ha perdido su imparcialidad en esta decisión", apuntó.
También integrante de la Comisión Anticorrupción, De la Peña exigió garantizar elecciones libres y que no haya presión, amenazas o compra de voluntades que deslegitiman el sentido del voto.
"Esa decisión no da confianza. Es preocupante lo que han resuelto; tendremos tarjetas de todos colores simulando propaganda electoral y no lo que realmente es: compra del voto", concluyó.
El pasado miércoles, al resolver impugnaciones, el Tribunal dio la razón al PRI y al PVEM y determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) se excedió al prohibir la entrega de tarjetas.
Además, ordenó considerar el reparto de plásticos como "propaganda electoral" y sumar su entrega a gastos de campaña de los candidatos en la etapa de fiscalización.
Consejeros del INE advirtieron que esto puede abrir la puerta a la coacción del voto y les impida sancionar a los partidos se extralimiten en la entrega de dádivas.
...Y el Trife justifica su resolución
El Tribunal Electoral federal defendió sus atribuciones para determinar si el reparto de tarjetas en tiempo de comicios viola la ley o no.
A través de una carta, la Sala Superior justificó las modificaciones que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer en su Reglamento de Fiscalización el pasado miércoles.
Una de los cambios se relaciona con el artículo 143 Quater de dicho Reglamento, y que explicitaba la prohibición del reparto de tarjetas, plásticos, trípticos y dípticos que ofertaran a los electores un bien futuro en virtud del triunfo de determinado candidato.
Arguye el Trife que su sentencia, aprobada por unanimidad, busca homologar ese apartado del Reglamento de Fiscalización con lo que dice el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
Dicho artículo prohíbe, en términos generales, la entrega de "cualquier material" en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier esquema que implique la entrega de un bien o servicio.
"El Pleno de la Sala Superior ordenó modificar la redacción del Reglamento de Fiscalización para efecto de prever y establecer lo mismo que dice la ley, ya que le compete a la autoridad jurisdiccional, en su caso, interpretar los alcances de la norma y sus modalidades", señala en la misiva.
La sentencia afirma que el INE se extralimitó en sus facultades al incluir en el Reglamento de Fiscalización qué materiales estarían prohibidos de antemano, ya que, afirma la carta, el Legislativo no los detalló en la misma Legipe.
Además, considera que las tarjetas encuadran dentro del concepto de "propaganda electoral", por lo que resolvió que los recursos empleados en su difusión se deberán sumar a los gastos de campaña de los candidatos beneficiados.