Ante el crecimiento de la inseguridad han surgido diversas propuestas para combatir este flagelo. Calderón declaró una guerra contra la delincuencia organizada y metió al Ejército y la Marina; los resultados fueron desastrosos, con alrededor de cien mil muertos y desaparecidos civiles, e innumerables violaciones de derechos humanos. O sea, una estrategia fallida.
Peña Nieto siguió la misma ruta, con las mismas consecuencias: no bajaron los índices delictivos y 2017 terminó siendo el año con mayores muertes violentas de los últimos tiempos. Y a pesar de ello, EPN insiste en poner en el centro la actuación de las Fuerzas Armadas, por lo cual impulsó la Ley de Seguridad Interior que es violatoria de la Constitución y de acuerdos internacionales que México ha firmado; es decir, una ley inconstitucional e inconvencional.
AMLO, por su parte, plantea la amnistía a los capos de la delincuencia organizada como una fórmula novedosa, aunque ya fracasó en Colombia y otros países. O sea: hacer un pacto con los delincuentes para acabar con la violencia.
Desde el PRD y la coalición "Por México al Frente" sostenemos que la discusión no debe ser si las fuerzas militares deben mantenerse en los territorios donde hoy actúan o regresar a los cuarteles, porque esto último sería un suicidio para la población civil, sin contar con fuerzas policíacas preparadas, calificadas y certificadas, y que los gobiernos locales se hagan cargo de la responsabilidad constitucional de brindar la seguridad a la sociedad.
Así, en un proceso paulatino, el Ejército y la Marina irían regresando a sus cuarteles y -paralelamente- poner en el centro una estrategia de mayor labor de inteligencia policíaca, desarticular a los criminales desactivando los resortes financieros de "lavado" de dinero.
Este es el escenario en el que vamos a las elecciones presidenciales y federales del próximo 1 de julio.
Al mismo tiempo están corriendo los plazos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y el PRI es constitucional o no.
Más de 250 importantes organizaciones de la sociedad civil, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han exigido al gobierno de nuestro país su derogación, por ser claramente violatoria de las libertades individuales.
Nosotros, la bancada del PRD y las del Frente, compartimos ese planteamiento y presentaremos ante la Suprema Corte una Acción de Inconstitucionalidad a más tardar el 20 de este mes de enero, la cual es válida cuando alguna ley o norma legal de carácter general entra en contradicción con preceptos contenidos en la Constitución y porque tiene "problemas de convencionalidad", es decir, se opone a convenios internacionales de los que México forma parte.
Al revisar la ley, la Corte podrá darse cuenta de que la Cámara de Diputados no está facultada para legislar sobre asuntos de "seguridad interior" y por lo tanto, está impedida para emitirla.
Es, además, una ley que invade funciones de estados y municipios, que deja en manos de la Secretaría de Gobernación la coordinación de las operaciones de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, que otorga al Presidente de la República poderes para decretar estados de excepción sin ningún control parlamentario ni social, sin término de tiempo y sin la obligación de rendir cuentas, además de reservar toda la información que de ello resulte por "razones de seguridad nacional".
Con toda razón la CNDH, el Inai y el municipio de Cholula, Puebla, han decidido presentar una Acción de Inconstitucionalidad atendiendo el reclamo de la sociedad civil, que exige "seguridad sin guerra".
La inseguridad se combate con el derecho en la mano, no violando la Constitución.