El enfrentamiento
La captura por el Gobierno de Chihuahua de Alejandro Gutiérrez, un ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cercano a Manlio Fabio Beltrones, ha desatado una confrontación directa entre el gobierno de ese estado y el federal. Previo a la captura se firmó un convenio de transferencia de recursos federales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, a decir del gobierno de ese estado, la detención del priista detuvo el envío de ese recurso.
El gobernador de Chihuahua ha reclamado la cancelación de la transferencia y la SCHP ha respondido diciendo que, al no saber si en las demandas judiciales el gobierno local cuestiona la facultad de la dependencia para firmar este tipo de instrumentos, no se enviará el dinero hasta que exista claridad a este respecto.
Este enfrentamiento, en época electoral, tiene muchas aristas, temas que será preciso dilucidar en los meses que será preciso analizar en la ruta hacia la elección del primero de julio. Tal vez la más importante es que la corrupción que ha caracterizado al sistema político mexicano ha ido cambiando, o evolucionando, dirían algunos. La transición democrática puso ciertos candados a la corrupción política. Al contar con leyes y organismos de transparencia y rendición de cuentas, el manejo de recursos tiene que cumplir las condiciones que establece la normatividad, sin embargo, los actores políticos han encontrado huecos en la legislación que les permite monetizar cantidades importantes de dinero en efectivo para, presumiblemente, utilizarlos en la operación electoral.
Así, hace unos meses investigaciones periodísticas dieron cuenta de contratos montos que ascienden a varios miles de millones de pesos celebrados por dependencias federales con universidades -de acuerdo a la ley éstas pueden recibir adjudicaciones directas- para realizar trabajos y estudios de los cuáles la gran mayoría fueron subcontratados a terceros y no existen pruebas suficientes de que fueron llevados a cabo.
A lo largo de los últimos años también se ha hecho público que diversos gobiernos estatales contrataron empresas para realizar servicios que nunca se llevaron a cabo, sin embargo, los cientos de millones de pesos que se les pagaron se esfumaron en una red de empresas o prestanombres.
Independientemente de las pesquisas que lleva a cabo el gobierno de Chihuahua, existe, por decirlo coloquialmente, un elefante en la sala que la clase política no quiere ver. Estas tramas de corrupción, unas más burdamente elaboradas, otras menos, son parte de un círculo vicioso que tiene como finalidad obtener el poder político que permite el acceso a los recursos públicos que maneja cada nivel de gobierno.
Al gobierno de Chihuahua le espera un año, por decir lo menos, complicado. Con la comunicación rota a los niveles más altos del gobierno federal, todo se tendrá que manejar a niveles inferiores de la administración pública, los cuáles no tienen poder de decisión.
Twitter: @jesusmenav