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Chihuahua y Hacienda

Jaque Mate

SERGIO SARMIENTO
"Las reglas no son necesariamente sagradas; los principios lo son." — Franklin D. Roosevelt

El tema de la presunta retención de recursos por parte de Hacienda al gobierno del estado de Chihuahua se ha vuelto político. Cada quien lo juzga según su preferencia ideológica. La información disponible, sin embargo, sólo muestra la complejidad de los programas y convenios con los que el gobierno federal transfiere recursos a las administraciones estatales.

Javier Corral afirma que el gobierno le ha recortado recursos por 780 millones de pesos en represalia por haber presentado acusaciones contra su predecesor, César Duarte, por desvíos al PRI. Hacienda lo niega y afirma que dio al gobierno de Chihuahua más recursos en 2017 que los presupuestados.

Según Hacienda, en 2017 Chihuahua recibió 43,056 millones de pesos por participaciones y aportaciones federales, 2 mil millones más de lo presupuestado. Los recursos que reclama Corral, dice, proceden de convenios firmados en diciembre de 2017 y sujetos a disponibilidad de recursos. Se pagó uno, por 20.4 millones de pesos, el 29 de diciembre. Se trató de pagar otro, por 44.8 millones, pero el banco lo rechazó por un presunto error en la cuenta bancaria que el gobierno de Chihuahua notificó para el depósito. El dinero no podría ser depositado en 2018 porque el convenio era para pago en 2017. Los otros dos convenios, uno por 35.3 millones y el otro por 700 millones, recursos extraordinarios para saneamiento financiero, no se pagaron por insuficiencia presupuestaria. La organización México Evalúa, por su parte, señala que del Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo 23 Hacienda entregó menos recursos a Chihuahua que a otras entidades.

La lluvia de información sobre el tema es contradictoria y no permite a un lego saber si se ha registrado o no una retención ilegal por razones políticas. Es un tema técnico que debería resolverse en mesas de especialistas o en tribunales. En un año electoral, sin embargo, esto es imposible. Es más fácil que Corral denuncie que está siendo objeto de una represalia y responda con mítines políticos en lugar de documentos oficiales y que los priistas acusen a Corral de actuar con motivaciones políticas y Hacienda, a través de la subsecretaria Vanessa Rubio, afirme que no se dejará extorsionar.

La información disponible sólo deja una cosa en claro. Los fondos y convenios por los que se realizan las transferencias a los gobiernos de los estados son complejos. La mayoría establecen reglas equitativas de dispersión, pero otros dependen de decisiones discrecionales, como señalado por México Evalúa.

La Conago, que reúne a gobernadores de todos los partidos, no ha criticado la forma en que se reparten los recursos federales a los gobiernos estatales. La rebelión de Corral, sin embargo, puede ser el inicio de un movimiento que lleve a la revisión de todo el complejo sistema de transferencias, suponiendo que haya interés en un año político.

Lo ideal sería construir un sistema más sencillo y con responsabilidades separadas en que el gobierno federal recaude por su lado, a través de un impuesto sobre la renta, y los gobiernos estatales por el suyo gracias a otros impuestos. Esto generaría un incentivo para que las administraciones estatales recaudaran lo más que pudieran y tuvieran el control de sus propios recursos. Pero mientras eso no ocurra, que no se ve cerca, lo ideal sería simplificar el sistema y establecer reglas para el reparto que no puedan ser manipuladas de manera discrecional.

Fernando González, ex subsecretario de educación y yerno de Elba Esther Gordillo, afirma que está convencido que los maestros apoyarán a Andrés Manuel López Obrador en la elección (El Universal). Es lógico. Peña Nieto encarceló a la maestra Gordillo y buscará su venganza.

Twitter: @SergioSarmiento

Escrito en: Jaque Mate recursos, Chihuahua, gobierno, millones

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