Es la corrupción
Más que el desempleo, la inseguridad o la desigualdad, el combate a la corrupción se ha convertido en la primera exigencia ciudadana y principal bandera política en el inicio de este proceso electoral. Indudablemente, un gran número de ciudadanos están indignados, ante el bombardeo de actos de corrupción de políticos de todos los niveles y de todos los partidos, que aprovechándose de su encargo público, han obtenido beneficios personales.
No es un fenómeno nuevo, pero si es más evidente gracias a los nuevos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, así como una sociedad civil más participativa y democrática, entre los que destacan medios de comunicación más libres y por lo tanto, más críticos. Gracias a todo esto, hoy nos enteramos de licitaciones amañadas, compras simuladas, tráfico de intereses, pago de favores, en fin, la lista es tan larga, como la creatividad de los corruptos.
Las acusaciones son mutuas entre los partidos políticos, pero el PRI, hasta el momento, no ha podido deshacerse de su título de máximo representante de la corrupción, y mucho se relaciona con que es el partido que más años ha estado presente en los diferentes niveles de gobierno, y por supuesto, que el poder desgasta, la tentación es mucha y la impunidad es más.
De ahí la importancia de la iniciativa que acaba de anunciar el Precandidato del PRI a la Presidencia de la Republica y que será impulsada por los legisladores de ese partido, de Nueva Alianza y del Verde para prevenir y castigar la corrupción. Si bien es cierto que Meade no puede presentar iniciativas, podrá hacerlo mediante la representación legislativa de los partidos que lo postulan, por lo que será muy interesante ver si es una prioridad para ellos en el próximo periodo de sesiones o solo se queda en un anuncio.
Para los ciudadanos, no es suficiente ver, por ejemplo, a los Duartes en prisión, sino que lo más importante es que devuelvan los recursos públicos que utilizaron en su beneficio, y para esto se requiere de un marco jurídico sólido, de servidores públicos capaces y de una sociedad civil activa.
Aunque ya hay avances en los tres supuestos, es obvio que todavía falta mucho por hacer, por ejemplo, para fortalecer el marco jurídico, Meade propone hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos; y, recuperar el dinero, las propiedades y bienes de los corruptos, canalizándolos a un fondo nacional de becas.
A esto se le suma contar con Fiscales anticorrupción, autónomos, capacitados y responsables, que puedan ejercer una nueva especie de extinción de dominio, en donde si un servidor público no demuestra la legal procedencia de sus bienes, se considere que hay un mal manejo que necesita explicarse, y en dado caso, que los bienes pasen a las arcas del estado.
Lo anterior provocaría una evolución de las incipientes declaraciones 3 de 3; en pocas palabras, es una iniciativa bien pensada, pero que se podría perfeccionar para evitar el riesgo de que termine siendo una cacería de brujas, y de esta forma, contemple otros mecanismos para premiar y fomentar la honorabilidad del servidor público. La burra no era arisca.
Twitter: @omarortegasoria