Por el papel decisivo que juega un presidente en las decisiones más trascendentales en la vida nacional, su elección siempre es importante; pero hay momentos en que es crucial, pues de quien resulte el ganador depende la posibilidad de modificar totalmente el rumbo del país. La elección del próximo primero de julio es una de esas elecciones cruciales para México.
Hasta 1997 México vivió en un régimen autoritario, que se sometía totalmente a la voluntad del presidente en turno; ese año empezó lo que se pensó sería una transición hacia la democracia, al emerger por primera ocasión en el siglo XX el equilibrio de los poderes constitucionales, producto de la integración de una Cámara de Diputados, por primera ocasión sin mayoría priista.
Esa ventana de oportunidad que se abrió, en esa elección intermedia, transformó en crucial la elección presidencial del año 2000, pues por primera ocasión aparecía la posibilidad real de que el candidato de un partido distinto al PRI ganase la Presidencia de la República; el triunfo del panista Vicente Fox, hizo albergar esperanzas de que se transitaría hacia un régimen democrático.
Sin embargo, muy pronto empezó a desvanecerse esa ilusión, pues Vicente Fox se limitó a administrar el país y no impulsó la indispensable reforma del Estado; ciertamente realizó algunas reformas constitucionales y legislativas que mantuvieron viva la esperanza, pero no fueron suficientes para lograr erigir las instituciones que permitieran a los ciudadanos no únicamente elegir a sus gobernantes, sino también impulsarán un ejercicio democrático del gobierno y un control ciudadano del poder.
La democracia conlleva la existencia de reglas e instituciones que permitan a los ciudadanos participará en el debate y la toma de decisiones en tres ámbitos: elección de representantes, ejercicio del gobierno y control del poder. En el segundo, puede ser a través de los representantes electos; pero en los otros dos sí tiene que haber vías que le permitan decidir directamente, pues es la única manera en la que los gobernantes evitarán atropellos, abusos de autoridad, violación de la legalidad e, incluso, se esforzarán al máximo para hacer un buen gobierno, pues saben que los ciudadanos tienen formas de revertir sus decisiones y sacarlos, en situaciones extremas.
En México todo se ha centrado en el primer ámbito y, en el segundo, algo se avanzó por la vía del equilibrio de los poderes constitucionales, que obligaron a los dos presidentes panistas a moderarse, sin embargo, con el regreso del PRI a la Presidencia se evidenciaron las debilidades del régimen.
El presidente y sus personeros empezaron de inmediato la reconquista de los otros dos poderes: en el caso del Legislativo se inventaron el llamado Pacto por México y los dos principales partidos de oposición actuaron bajo la dirección tricolor, que una vez que logró sacar adelante la mayoría de las reformas constitucionales, se dio el lujo de alternar su colaboración con uno y otro, como sucedió en las reformas fiscal y energética.
Pero una vez que logró la aprobación de todas las reformas constitucionales, en las que sí le resultaba indispensable su participación, y tras los resultados de la elección intermedia del 2015, pudo prescindir del PAN y del PRD y legisló ya únicamente con sus partidos satélite: PVEM y Panal, que le permiten tener la mayoría en la Cámara de Diputados y requerir únicamente un par de votos de cualquiera de los otros grupos en el Senado para lograr la mayoría.
Este control en el Congreso también le permitió impactar la autonomía del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en estos momentos, ya 4 de los 11 Ministros tienen sus principales antecedentes laborales en el Poder Ejecutivo; de éstos, 3 fueron propuestos por Peña Nieto. Con este número asegura que las controversias constitucionales, así sean resueltas en su contra, no sean de aplicación general, sino únicamente para el caso específico bajo litigio; y que las acciones de inconstitucionalidad, nunca lleven a la derogación de la norma, pues no alcanzan los 8 votos necesarios para ello.
Así Peña Nieto, además de sacar adelante las llamadas reformas estructurales, se dedicó a restaurar el autoritarismo, ahora bajo nuevas formas y reglas, pero finalmente sometidos al Poder Ejecutivo. El caso que más claramente ejemplifica esto es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que votaron favorablemente únicamente los tricolores y sus aliados y que hoy está bajo revisión de la SCJN, pero que saben que en lo fundamental será validada.
Del resultado de las próximas elecciones depende que el sucesor de Peña Nieto continúe la reconstrucción de este nuevo modelo de autoritarismo, o bien, al menos se logré detener la involución. Desde luego el mayor riesgo es que el tricolor obtenga el triunfo tanto en la Presidencia como en las Cámaras; pero incluso si se restaura el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo, las posiciones transexenales que han ganado (SCJN, Banxico, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral y demás organismos autónomos) le aseguran una concentración de poder muy peligrosa.
La responsabilidad histórica está en la ciudadanía que con una copiosa asistencia a las urnas el próximo primero de julio y un ejercicio responsable de su derecho a votar libre y secretamente tiene el poder de detener la involución; aunque la posibilidad de reiniciar la transición todavía requerirá un esfuerzo posterior, pues hasta el momento ninguno de los posibles ganadores lo garantiza.