Desaprueba ONU Ley de Seguridad
Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó serias preocupaciones por la crisis humanitaria que atraviesa México al rendir su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del 37 periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, Suiza.
El funcionario de la ONU, quien visitó México en octubre de 2016, expresó sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la ausencia de una Fiscalía General de la República independiente, entre otros temas.
Sobre la LSI, Al Hussein centró sus temores en que la legislación "autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión".
Además, dicha ley "no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos", sentenció Al Hussein en su discurso ante representantes de los Estados parte.
El ACNUDH compartió la inquietud de organizaciones civiles en México por falta de autonomía del órgano de procuración de justicia del Estado, por lo que llamó a "crear una Fiscalía General de la República efectiva e independiente".
Otro tema del que se ocupó el comisionado en su discurso fue el de la situación de los migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen.
"Me preocupa que la sistemática detención de migrantes y su regreso expedito se ha convertido en regla general, socavando seriamente las garantías del debido proceso y el principio de la no devolución", apuntó Al Hussein.
El comisionado celebró la promulgación de las leyes generales contra la tortura, en junio de 2017, y contra la desaparición forzada en enero pasado, y resaltó la disposición de su oficina en México para "asistir a las autoridades para asegurar su pronta y efectiva implementación, con una plena participación de la sociedad civil y de las víctimas".
REPORTE AYOTZINAPA
Asimismo, anunció que en próximos días dará a conocer un informe sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace tres años.
Con base en interrogatorios a detenidos, familiares y testigos de los arrestos, así como de la revisión de expedientes, el reporte sostiene que en los 37 casos en que se focalizó la investigación, "los actos de tortura, tanto física como psicológica, habrían sido realizados por Policía Federal, Policía Federal Ministerial y/o por elementos de la Secretaría de Marina".