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La planta de cianuro

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La planta de cianuro

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JESÚS MENA VÁZQUEZ

Gobernar no es fácil en una sociedad democrática; el derecho a disentir debe ser protegido y, por otra parte, también debe ser defendido el derecho a obtener ganancias de una inversión, siempre y cuando la actividad cumpla con las regulaciones en la materia.

En cualquier democracia consolidada se dan estas tensiones y, generalmente se resuelven involucrando a los pesos y contrapesos de su sistema político. Por ejemplo, en los países donde hay reelección, los legisladores están atentos a la existencia de una gran oposición social a algún proyecto, sea de gobierno o privado, que se pretenda construir en su distrito electoral. A riesgo de perder la siguiente elección, lo que se espera es que dicho legislador defienda la posición de la mayoría de sus electores.

Sin embargo, en democracias como la nuestra, en donde la corrupción e impunidad han sido el sello distintivo por décadas, y los pesos y contrapesos institucionales no funcionan como deberían, es necesario poner mucho más atención cuando existen protestas sociales en una escala que no es común ver en nuestro país y que terminan por convertirse en contrapesos sociales a las decisiones de los gobiernos.

Eso es lo que acaba de pasar hace unos días en uno de los ejidos en la comarca lagunera cercanos a Gómez Palacio; un grupo de personas que algunas notas periodísticas ubican en varios cientos, protestó contra la instalación de una planta de cianuro de sodio y, después de varios enfrentamientos con la policía, fueron detenidas 43 personas. En el caso de esta planta, notas periodísticas señalan que intentó construirse en Guanajuato y grupos de ciudadanos impidieron su instalación en ese estado.

En caso de que dicha planta llegue a funcionar, proveerá buena parte de las necesidades de la industria minera a nivel nacional. La información que publican algunos medios de información ubica la producción de dicha planta en 65 mil toneladas anuales, por lo que la inversión para su puesta en marcha es muy elevada.

En países en donde la corrupción es común, la regla es que los ciudadanos desconfíen de las autoridades en los distintos niveles de gobierno. La percepción del ciudadano es que cualquier trámite puede ser comprado si se está dispuesto a pagar lo suficiente.

Es probable que en el otorgamiento de los permisos, ya sean ambientales o de otro tipo, no se registren casos de corrupción evidentes, cuando existen proyectos tan grandes y con tanto dinero involucrado como en este caso, lo más común es que los ciudadanos desconfíen de sus autoridades, máxime cuando se trata de permisos para una planta que espera producir alrededor de 180 toneladas al día de una substancia considerada altamente tóxica para el ser humano y para el medio ambiente.

Cabe aclarar que no estoy en contra de la inversión privada para crear empleos, lo que busco es resaltar la necesidad de los gobiernos de buscar el equilibrio entre proteger los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución y promover las inversiones que generen desarrollo económico. Esa es la delgada línea entre la que camina cada gobierno, sin embargo, cuando no existen contrapesos institucionales, un gobernante puede decidir la opción que le parezca sin tener que pagar las consecuencias de sus actos; ese es el peligro en democracias no consolidadas como la nuestra.

Por el contrario, cuando existen contrapesos institucionales o, como en este caso, contrapesos sociales, es necesario que los gobiernos tengan la suficiente claridad para explicar porqué el proyecto beneficiará a la sociedad, además de la inversión y empleos, es necesario que la población de esos lugares se sienta segura; que puedan estar seguros de que el agua que toman ellos y sus hijos no estará contaminada, que no hay riesgo a los pobladores que viven cerca de las instalaciones en que se pretende construir la planta.

¿Cuántas plantas de esta capacidad existen en países de la OCDE o en los Estados Unidos construidas tan cerca de centros de población, como la que se pretende construir aquí y qué consecuencias ha tenido para la salud de la población?

¿Las regulaciones para operar la planta son igual de estrictas que las de otros países?

¿Cuál es el principal riesgo que se corre si existe un incidente grave en la operación de la planta y cómo podría afectar al medio ambiente y a la población?

Si preguntas tan básicas como estas no pueden ser explicadas claramente por parte del gobierno y empresa a los pobladores de la zona, es de esperar que surjan voces en contra del proyecto.

Twitter: @jesusmenav

Escrito en: Vida pública planta, contrapesos, existen, ciudadanos

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