Ofrecen blindar planes sociales

La Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrá especial cuidado en que los diferentes programas que opera en el estado de Durango no sean utilizados con fines político-electorales, de tal manera que se vigilará que los servidores públicos de esta dependencia se conduzcan con apego a la Ley Electoral vigente, pues además están apercibidos de las sanciones que proceden en caso contrario.

Así lo señaló el delegado de la referida instancia, Ernesto Abel Alanís Herrera, tras añadir: "Vamos a adelantar todo lo posible en cuanto a los procesos de entrega de recursos. La Ley Electoral establece que todos los programas pueden continuar, aunque la restricción es que no pueden difundirse, no pueden generar un tema que tenga un sesgo de carácter político".

FECHAS

No obstante, recalcó el servidor público federal, con el objetivo de contribuir al manejo transparente de los programas propios de esta dependencia, en algunos casos se está propiciando un avance con relación a las fechas de entrega de dichos recursos, de tal forma que no se generen suspicacias respecto de su operación y no se involucren en una controversia en el actual proceso electoral de dos vertientes, tanto del ámbito local como en el federal.

Un ejemplo de esto, indicó Alanís Herrera, es el programa 65 y Más, en el que ya se están depositando en las instituciones bancarias los recursos económicos correspondientes dirigidos al sector de adultos mayores, quienes oportunamente podrán contar con ese apoyo que otorga la Secretaría de Desarrollo Social.

PREVENCIÓN

"Este programa está perfilado para lograr que esa tentación que pueda haber (de lucrar políticamente con él), o esos sesgos que pueda haber se eviten por parte de los servidores públicos que laboran en esta Secretaría. Aquí, los recursos de ese programa serán depositados periódicamente y los beneficiarios los retirarán en las fechas ya conocidas por ellos", remarcó.

Con este tipo de acciones, insistió el Delegado de la Sedesol, se busca prevenir la intervención de algún intermediario que pueda poner en riesgo el manejo transparente de los recursos no sólo de ese programa, sino también de los demás que opera esta Secretaría, al margen del proselitismo político-electoral que caracteriza a esta temporada por las elecciones locales y federales.