¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no lo ha padecido? Ese momento en el cual te detiene un policía y comienza la taquicardia. El nerviosismo. La aprehensión. El sudor frío. Porque aun cuando la detención haya sido por una transgresión menor, nunca se sabe cuáles van a ser las consecuencias, menores o peores, triviales o letales. Una multa o una extorsión o terminar torturada en un terreno baldío o asesinada en la calle. Lidiar con la policía en México es como jugar ruleta rusa: nunca sabes si el arma con la cual se está jugando está cargada o no. Es imposible discernir si el oficial va a actuar como un profesional o como un patán, si va a comportarse de manera honorable o condenable. Con demasiada frecuencia la policía no protege: agrede. Y con el fallo reciente de la Suprema Corte tendrá aval constitucional para hacerlo.
Desde una percha de privilegio, lejos de la violencia producida por los propios elementos del Estado, como si estuviera sentado en Suiza, el ministro Laynez sentenció. La policía puede llevar a cabo inspecciones de personas o vehículos sin una orden judicial de por medio. Ante un reclamo de inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesta por una CNDH preocupada por violaciones de derechos humanos, la Corte resolvió desprotegerlos. Resolvió permitir que la policía pueda seguir parando arbitrariamente, deteniendo discrecionalmente, inspeccionando abusivamente. Decidió que no iba a mirar la realidad de las fuerzas policiacas en México -poco preparadas, mal equipadas, corruptas, victimarias- sino a avalarlas como si fueran la policía montada canadiense. Para Laynez, la policía es un engranaje central del nuevo sistema de justicia penal. Lo que él y sus colegas no entendieron es que esa tuerca está descompuesta. Con el nuevo sistema adversarial habrá quizá mejores jueces, mejores procuradores, mejores defensores. Pero los policías seguirán siendo los mismos.
Como los que ejecutaron de manera extrajudicial a Nefertiti y a Grecia. Como los que participaron en la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa. Como los que mataron a tantos en la plaza en Apatzingán. Como los que año tras año reprueban los controles de confianza y plantan evidencia y se convierten en secuestradores y trabajan para el crimen organizado y se vuelen parte de él.
Por lo visto el ministro Laynez nunca ha sido detenido por un policía actuando a su libre albedrío o por consigna de algún criminal o por cumplir con una cuota de arrestos. Para él y quienes votaron como él, el nuevo sistema de justicia penal ha transformado a la policía. De pronto se ha vuelto competente, reluciente, prístina, perfecta. Eliot Ness, pues. Por ello no hay problema de que nos pare bajo el principio de "sospecha razonable" y como parte de "una investigación en curso". A esa policía mexicana que tortura, que no sabe cómo armar una investigación, que no sabe cómo procesar evidencia, que no sabe cómo identificar de manera correcta a un sospechoso, que ejecuta extrajudicialmente sin sanción, se le acaba de dar más poder y más protección.
Pero no se le ha otorgado -como presume la Corte- poder para inspeccionar; se le ha autorizado poder para abusar. Si no cuenta con uniformes, balas, gasolina, patrullas o entrenamiento, difícilmente podrá cumplir con los parámetros de profesionalidad que el Tribunal Supremo cree que posee. El resultado de esta decisión judicial será contraproducente: más actuaciones arbitrarias por parte de los de azul, y más juicios desechados por violaciones al debido proceso, cometidos por ellos mismos.
Peor aún: este fallo controvertido mina la credibilidad de la Corte en un contexto de disfuncionalidad institucional entendida. Ahí está el INAI, bajo sospecha; el INE, bajo ataque; la PGR condenada por su partidización. Se vienen tiempos de fortalecer contrapesos y demostrar que sirven. Se vienen momentos de combatir el malestar ciudadano desde el poder, no utilizarlo para despojar derechos. Y el ministro Laynez, junto con quienes votaron a su lado, acaban de contribuir a ello. Acaban de decirle a los policías que detuvieron a Nefertiti y Grecia -bajo la "sospecha razonable" de haber cometido un crimen- que tenían razón. Al desechar las garantías contenidas en el artículo 16 constitucional, han convertido la detención policial en un juego de ruleta rusa. Y ahí estás las muertas para probarlo.