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Iglesia logra, lo que el gobierno no puede

JESÚS CANTÚ

JESÚS CANTÚ

Las declaraciones de Salvador Rangel Mendoza, Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, de que se había reunido con uno de los capos del narcotráfico en la sierra de Guerrero, para lograr el restablecimiento de los servicios de agua y luz y que les permitieran a los candidatos a los distintos puestos de elección popular hacer campaña en la zona, provocaron que el secretario de Gobernación y un Consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral advirtieran que investigarían si el prelado incurría en algún delito o conducta ilícita.

Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación, señaló que la ley no se negocia, simplemente se aplica, lo cual es una verdad irrefutable, sin embargo, se le olvidó que hay un amplio territorio en el estado de Guerrero que está bajo control de los grupos delincuenciales y las autoridades son incapaces de poner orden. Lo que el Obispo hizo, de acuerdo a su dicho, fue simplemente lograr la colaboración de los capos de los grupos delincuenciales para que se restablecieran servicios públicos fundamentales para la sobrevivencia humana; restableció el orden mediante el diálogo y el convencimiento, sin ofrecer nada a cambio.

Mientras tanto, el Consejero Marco Antonio Baños, advirtió que la Iglesia no debe participar en el proceso electoral y que los acuerdos con el narco son ilegales. Sin embargo, lo que es ilegal es que la Iglesia intenté incidir en el proceso electoral a favor o en contra de un determinado candidato, no puede considerarse ilegal el que haya logrado que los narcos se comprometieran a permitirle a todos los candidatos realizar campaña en el territorio bajo su control. Sería una intromisión si la negociación hubiese sido para que un candidato pudiera ingresar y el resto, no; o que no dejaran entrar a alguno o algunos en particular, pero el establecimiento de las mismas condiciones para todos no incide para nada en el proceso electoral.

Por otra parte, de acuerdo al dicho del Obispo, las condiciones que los narcos le establecieron, según público el diario Reforma, en su edición del domingo primero de abril fue: "...que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y...la otra gran petición que hicieron estas personas es que los candidatos cumplan lo que prometen porque después llegan al poder y se olvida de la gente y eso es lo que molesta".

De acuerdo con esto, el grupo delincuencial se comprometió a frenar la violencia en contra de los candidatos y a permitirles hacer campaña, a cambio de que no compren votos y cumplan sus promesas de campaña, lo cual parece muy razonable.

Ninguna de las dos autoridades se detuvo un minuto a reflexionar sobre las condiciones que motivaban la intervención de la Iglesia, pues de haberlo hecho hubieran caído en la cuenta de que era por el incumplimiento de sus respectivas responsabilidades, es decir, como en dichos territorios no existe Estado, pues la autoridad no puede ni siquiera ingresar, ya no se diga garantizar el abasto de los servicios básicos, la Iglesia tuvo que interceder con los grupos delincuenciales para los restablecieran.

Y aunque el combate a la compra y coacción del voto no le corresponde directamente al INE, es un hecho que sí debiese propiciar las condiciones para que dichas prácticas no se generalizarán como ha sucedido en todas las últimas elecciones. Y, aquí paradójicamente, quien está protegiendo a la población son los grupos delincuenciales, que le marcan un alto a los abusos y excesos de los políticos.

El vacío de autoridad fue lo que abrió la puerta de par en par a la Iglesia para interceder ante quienes de facto ejercen el poder en esas zonas: los grupos delincuenciales. El mismo Obispo Rangel, señaló hace un año en una entrevista con el mismo diario publicó en su edición del 25 de marzo de 2017: "Lo que yo he dicho es que las autoridades de los distintos niveles de gobierno han dejado un vacío de poder, un vacío de acción social que los están llenando, por así llamarlos, los grupos delincuenciales".

Y precisaba: "O sea que la gente se siente mucho más protegida con ellos [los grupos delincuenciales] que con la autoridad oficial". Lamentable, pero cierto. Es exactamente lo mismo que ocurre en la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua, por señalar tres de los estados donde los grupos delincuenciales han destinado parte de sus ganancias para realizar obras que redundan en beneficio de la comunidad, por lo que como señalaba Rangel, abiertamente dicen [los pobladores de esos lugares]: "nosotros los queremos [a los narcotraficantes]".

La realidad es que, lamentablemente, la Iglesia consiguió mediante el diálogo, lo que las autoridades no pudieron lograr a través de la aplicación de la ley. Lo que le debe preocupar a las autoridades no son las acciones de la Iglesia, sino su incapacidad para hacer cumplir la ley y atender las ingentes necesidades de esa población.

La incapacidad de las autoridades es lo que ha provocado la creación de las autodefensas, los linchamientos de criminales y la intervención de la Iglesia, en lugar de perseguirlos y amenazarlos, lo que las autoridades deben intentar es coordinar todos estos esfuerzos para que, dentro de los cauces legales, permitan reestablecer el Estado de Derecho y atender las necesidades vitales de la población.

Escrito en: JESÚS CANTÚ grupos, autoridades, Iglesia, candidatos

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