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Opciones claras

LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La resolución de un Juez Federal, que declara incompetentes a los Tribunales del Estado de Chihuahua para conocer del juicio penal seguido en contra del ex gobernador César Duarte; del ex Secretario General del PRI Alejandro Gutiérrez y otros inculpados, confirma por enésima ocasión, el compromiso esencial del Gobierno Federal priísta con el peor vicio de nuestro sistema político, la impunidad pactada como fuente y sostén de la corrupción.

Como es del conocimiento, en el expediente referido está acreditada la disposición ilícita de recursos destinados a la Educación Pública, que el Estado de Chihuahua obtuvo por vía de participaciones federales, que fueron desviados a las arcas del PRI por el gobierno de César Duarte, en ocasión de las elecciones locales del año dos mil diez y seis. Bajo esta óptica, los recursos son propiedad del pueblo de Chihuahua que resulta ser víctima del ilícito y como consecuencia, al Gobierno Local a través del Poder Judicial de dicha entidad, corresponde juzgar y castigar a los culpables.

La investigación fue realizada por la Procuraduría de Justicia del gobierno que encabeza Javier Corral Jurado, en cumplimiento de un compromiso de campaña que hizo el hoy Gobernador como candidato. A eso corresponde que la sentencia cuyo comentario nos ocupa, en virtud de la cual el expediente penal en comento queda en manos de un Juez Federal, contra toda lógica de competencia entre los dos niveles de gobierno, es vista por el Gobernador Javier Corral y a si lo denuncia frente a los chihuahuenses y ante todos los mexicanos, como un intento evidente de manipular el juicio, para proteger a los responsables, una vez más, con el manto de la impunidad.

El resultado de la indagatoria prueba por primera vez en la historia, con los pelos de la burra en la mano, una sospecha ancestral que indica que el PRI se sostiene en el poder mediante el desvío de recursos públicos, financiando la aplanadora electoral que ha mantenido en el poder al PRI, desde hace más de ochenta años, con la salvedad del paréntesis de los gobiernos panistas del año dos mil al dos mil doce.

Frente a los acontecimientos que son objeto de comentario, resulta obligado reconocer que han sido los gobiernos locales de Acción Nacional en solitario o en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, los que en los casos de Chuihuahua, Veracruz y Tamaulipas entre otros, han puesto el cascabel al gato de la corrupción, enderezando las baterías de la justicia en contra de ex gobernadores recientes que se encuentran unos tras las rejas en nuestro país, otros detenidos en el extranjero sometidos a procedimientos de extradición, y alguno más prófugo como es el caso de Javier Duarte.

En el proceso electoral que el primero de julio culminará en comicios para elegir Presidente de la República y Congreso, ambos partidos, PAN y PRD, junto con el Partido Movimiento Ciudadano, van en alianza en el Frente por México, cuyo candidato presidencial Ricardo Anaya promete actuar en el mismo sentido, en contra del pacto de impunidad a nivel nacional.

El Candidato del Frente por México, funda y acredita la seriedad de su compromiso de luchar en contra el pacto de impunidad, precisamente en los precedentes que ofrecen los Estados de la República, que están siendo gobernados bajo la misma fórmula que hoy integra el Frente.

En contraste a la postura de Anaya, la del candidato del PRI José Antonio Meade resulta definida sin remedio por la complicidad con la corrupción asumida como propia por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por otra parte, la oferta de impunidad expresada con todas sus letras por el candidato López Obrador en favor de la delincuencia organizada, de dentro y fuera de la estructura del gobierno, plantea desde esta etapa del proceso electoral, un escenario en el que ningún mexicano se puede dar por engañado.

O estamos en favor de la corrupción hecha sistema, o luchamos en contra de ella, al menos como intento esforzado y propósito ineludible.

Escrito en: Archivo Adjunto compromiso, impunidad, Javier, gobierno

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