La efervescencia de las campañas electorales por la Presidencia de la República, motivó a los diputados a aprobar "fast track" la eliminación del fuero constitucional para todos los funcionarios públicos, incluyendo al mismo presidente, como demandaba un sector importante de la ciudadanía; la aprobación se dio por unanimidad porque ninguna fuerza política podía darse el lujo de oponerse en este momento a dicha iniciativa, sin que los votantes se lo cobraran en las urnas el próximo primero de julio.
Todavía falta que la iniciativa pase por el Senado y si así sucede en los próximos días, para entrar en vigor, todavía tiene que ser aprobada por, al menos 17 legislaturas estatales, ya que la Ciudad de México ya cuenta como otro estado; y, desde luego, una vez que esto haya sucedido que la Comisión Permanente, pues es imposible que esto suceda antes del 30 de abril, fecha en la que termina el actual período legislativo, haga el cómputo de los votos y declare su aprobación. Para que finalmente sea enviada al presidente para que la promulgue y entre en vigor.
El camino todavía es largo, pero es evidente que cuando hay voluntad de las fuerzas políticas es factible hacerlo en tiempo record, como sucedió con algunas de las llamadas reformas estructurales. El tema está muy presente en la opinión pública catapultado por los recientes escándalos de corrupción de los gobernadores y casi todas las fuerzas políticas o algunos de sus legisladores han presentado iniciativas al respecto.
A nivel de las entidades federativas, hasta marzo del año pasado, había 7 entidades que ya habían eliminado el fuero; 2, que lo habían acotado; 19, en las que los respectivos congresos discutían 33 iniciativas; 1 (Veracruz), en la que la reforma fue invalidada por la Suprema Corte; y únicamente 4 estados (Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala) no tenían ninguna iniciativa a discusión.
El dictamen que se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo publicado por el diario regiomontano El Norte, en su edición del sábado 21 de abril, se elaboró a partir de 33 iniciativas que acumuló la Comisión de Puntos Constitucionales de las cuales 6 eran del PRD; 6, del PRI; 5 del PAN; 4 de MC; 3 del PES; legisladores de Morena, PVEM e independientes, 1 cada uno; además de 2 iniciativas ciudadanas y 4 de congresos estatales. Así nadie puede atribuirse la paternidad de la iniciativa, pues como puede verse es colectiva.
Los tres cambios centrales de la reforma son: primero, que ya no se requerirá de la autorización de una mayoría calificada de la Cámara de Diputados para proceder a vincular a un proceso a cualquiera de los funcionarios públicos que hasta hoy están protegidos por el fuero constitucional; segundo, que le otorgan el mismo tratamiento al presidente, al eliminar la limitación de que durante su mandato únicamente podía ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común; y tercero, que el presidente también quedara sujeto a la posibilidad de ser sometido a un juicio político, de lo que cual está protegido en estos momentos.
Las reformas satisfacen las demandas de la ciudadanía, pero para nada aseguran que ahora sí termine la impunidad de los políticos delincuentes. El fuero no es una garantía de inmunidad, sino una protección para evitar la persecución política de algunos legisladores y altos funcionarios del ejecutivo. Lo políticos que incurrían en algún delito podían ser juzgados durante su gestión, si la Cámara de Diputados o el Senado, votaban favorablemente el juicio de procedencia, o bien, cuando concluyeran su mandato, pues casi ningún delito prescribiría antes de la conclusión del mismo.
De acuerdo a un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, hasta 2016 únicamente fueron desaforados 8 legisladores o funcionarios públicos y de esos únicamente dos fueron condenados a purgar alguna condena y uno más, se encuentra prófugo de la justicia. Esto también evidencia que la procedencia o no de las cámaras no depende en realidad de la contundencia de las pruebas que se ofrezcan, sino de la línea política que reciben: los casos más evidentes y recordados fueron los de Jorge Díaz Serrano, en 1983, que sí fue condenado; René Bejarano, en 2004, que fue exonerado; y Andrés Manuel López Obrados, en 2005, que ni siquiera estuvo sujeto a proceso, pues el juez que recibió la consignación no concedió la orden de formal prisión.
El problema en realidad no es jurídico, sino de voluntad política, o bien, de que efectivamente se logre la plena autonomía de las Fiscalías Generales, a nivel federal y estatales, y, por ende, de las Fiscalías Anticorrupción, hasta el momento en los estados en los que ya opera la figura lamentablemente esa no parece ser el caso, ya que en realidad lo que se observa es que los nombramientos también responden a los intereses de los grupos políticos dominantes en cada uno de las entidades.
Contrario a la celeridad que mostraron los legisladores para eliminar el fuero constitucional para ganar simpatías electorales en este momento, no aparece en ningún momento para reformar las disposiciones constitucionales que norman el proceso de designación del Fiscal General, es decir, en realidad lo que los legisladores están haciendo es una auténtica farsa con fines estrictamente propagandísticos, pues saben que tienen una red de salvación, que es el control de la Fiscalía General. La eliminación del fueron no pone fin a la impunidad de los políticos delincuentes.