Desde la conformación inicial, en el 2014, el órgano de gobierno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha estado dominado por comisionados afines al gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional, cuatro de ellos han dejado múltiples constancias de ello, con lo cual los otros tres siempre estaban en minoría.
Los cuatro comisionados totalmente identificados con el gobierno eran: Ximena Puente, quien fue la primera Comisionada Presidenta y, ahora, ocupa el sexto lugar en la lista priista de la circunscripción plurinominal que incluye al estado de Colima; Francisco Xavier Acuña, quien es el actual Comisionado Presidente; Rosendo eygueni Monterrey, quien fue comisionado en el órgano de transparencia del Estado de México y es muy cercano al grupo de Peña Nieto; y Patricia Kurczyn, académica casada con el ex gobernador priista de Puebla, Mariano Piña Olaya.
En el INAI, como en todos los órganos de gobierno de los organismos autónomos, lo que ha prevalecido es el reparto de las cuotas entre los partidos políticos con mayor participación electoral, así en este caso en aquel momento optaron por 4 comisionados para el PRI; 2, para el PAN; y uno, para el PRD. Los del PAN fueron Joel Salas y Areli Cano; y el del PRD, Oscar Guerra Ford.
Las dos que terminaron su mandato fueron Ximena Puente, que renunció desde antes de la conclusión formal por su postulación como candidato a una diputación federal, propuesta por el PRI; y Areli Cano, que concluyó su mandato de acuerdo al término establecido, y fue propuesta por el PAN. Si se hubiese seguido la lógica inicial, debió haberse nombrado a dos mujeres como nuevas comisionadas y una debió ser propuesta por el PRI y una por el PAN.
Aunque la designación se hace en el Senado, las elecciones del 2015 modificaron la composición en la Cámara de Diputados, donde el PRI y sus partidos aliados (PVEM y NA) tienen mayoría en la misma y ya la han impuesto en repetidas ocasiones, como han sido en la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Comunicación Social. Y en el Senado, la clara división en la bancada blanquiazul también la han aprovechado para imponer la voluntad tricolor.
Así el PRI acaparó las dos posiciones y las repartió entre un hombre y una mujer, de tal manera que se desequilibraron más tanto la equidad de género como la afinidad a las fuerzas políticas, en ambos casos para hacer una mayoría de 5 hombres y 5 tricolores. Así en los últimos meses de su mandato Peña Nieto tendrá todas las garantías de que la reserva o secrecía de todo lo que le interesa se preservará.
El descaro para el nombramiento fue tal que designaron a Carlos Alberto Bonnin Erales, ex titular de la Unidad de Transparencia del Senado, como uno de los nuevos comisionados, siendo que uno de los grandes hoyos negros de la transparencia son precisamente los órganos legislativos, sin embargo, eso poco importa y ahora cobra todavía más sentido el reconocimiento que el mismo INAI le otorgo al Senado en agosto del 2017, por haber resultado muy bien evaluado en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que en su momento fue muy criticado por los análisis y académicos.
La segunda designación fue para Blanca Lilia Ibarra, quien es directora del Canal del Congreso, es decir, las dos designaciones fueron para personas que trabajaban dentro del mismo Congreso; pero además su antecedente es haber trabajado en el órgano de transparencia de Puebla, gobierno que no se ha caracterizado precisamente por su transparencia.
Una de las estrategias del gobierno de Peña Nieto es impulsar la designación de todos estos nombramiento transexenales, es decir, que trascienden los períodos de los gobiernos constitucionales y le permiten mantener el control de estos órganos. Incluso por eso la insistencia en querer nombrar cuanto antes al primer Fiscal General, pues de esta forma se asegurarían su impunidad, ya que tal como están en estos momentos las disposiciones constitucionales a al Titular le corresponderían las designaciones de los Fiscales anticorrupción y de Delitos Electorales.
Sin embargo, en el caso de la transparencia se equivocan en sus cálculos, pues los que recurren al auxilio de los órganos garantes son los ciudadanos cuando los funcionarios públicos les niegan la información, por lo cual disposiciones administrativas del nuevo gobierno federal puede quitarle mucho del trabajo al INAI, al aplicar estrictamente el principio de que toda la información que resguarda el gobierno debe ser pública y únicamente por excepción hay información reservada y confidencial.
El PRI está jugando sus fichas, pero la ciudadanía tiene nuevamente el antídoto en la jornada electoral del próximo 1 de julio, pues con un voto masivo puede darle el triunfo a otra de las coaliciones y así ensanchar el acceso a la información pública y dejar con un palmo de narices a un INAI claramente controlado por el tricolor.