La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una mina a cielo abierto ubicada en Atotonilco El Grande, Hidalgo, por incumplimiento de condicionantes establecidas en la autorización de uso de suelo en terreno forestal.
En un comunicado, la dependencia ambiental informó que el responsable realizó el cambio de uso de suelo en más de seis mil metros cuadrados, adicionales a las más de dos hectáreas que estaban autorizadas.
Indicó que en seguimiento a los procedimientos administrativos instaurados al propietario del predio particular denominado “Mina de Pétreos a Cielo Abierto”, ubicado en el municipio de Atotonilco El Grande, personal de inspección determinó imponer como medidas de seguridad, la Clausura Total Temporal y suspensión de las actividades de extracción de material pétreo.
Explicó que los procedimientos administrativos derivaron de las inspecciones practicadas en septiembre de 2017 al lugar de referencia, con el propósito de verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas en las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terreno forestal y de impacto ambiental, expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Derivado de los hechos detectados en las inspecciones y de los cuales se desprendió la comisión de posibles incumplimientos a las autorizaciones federales, añadió, se dictaron los acuerdos de emplazamiento en los que establecieron los plazos para la presentación de documentación que acreditara el cumplimiento de diversas condicionantes de las autorizaciones referidas.
Sin embargo, el responsable no presentó ninguna documentación, por lo que se determinaron las medidas de seguridad mencionadas.
La Profepa señaló que el predio cuenta con autorizaciones en materia ambiental, para remover la vegetación forestal en una superficie de 2.78 hectáreas, pero en las inspecciones se detectó el cambio de uso de suelo en seis mil 110 metros cuadrados adicionales a los autorizados, para obtener piedra, grava y arena.
Al incumplir las condicionantes de las autorizaciones –falta de presentación de informes a la Semarnat, de los Programas que tiene como obligación, como el de restauración vegetal y rescate de flora y fauna, principalmente-, los trabajos de extracción quedaron clausurados y suspendidos hasta en tanto el propietario dé cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas en los procedimientos administrativos.
Indicó que los incumplimientos pueden dar lugar a sanciones contempladas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La clausura total temporal se impuso con fundamento en el artículo 170 de la LGEEPA. Asimismo, con base en el artículo 171, fracción I, de esta Ley, el infractor podría hacerse acreedor a una multa de 30 a 50 mil Unidades de Medidas y Actualización vigentes y cumplir con la obligación de restaurar el ecosistema afectado.