Si como tanto se ha dicho, el tema del combate a la corrupción va a ser decisivo en la orientación del voto en las elecciones del próximo primero de julio, la balanza deberá inclinarse en favor de Ricardo Anaya Cortés, candidato a Presidente de la República de la Coalición por México al Frente.
Lo anterior encuentra sentido, en dos sucesos de los últimos días. El primero concierne a la aprehensión de Luis Ángel Bravo, quién fue fiscal del Estado de Veracruz en tiempos del ex gobernador priista César Duarte, también detenido y sujeto a proceso por delitos cometidos durante su desempeño al frente del gobierno veracruzano. Los procesos penales fincados a estos dos personajes, derivan de la firme voluntad de un gobierno local emanado de una alianza integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, similar al Frente que hoy postula a Ricardo Anaya como candidato presidencial.
El segundo de los eventos corresponde a la denuncia presentada por Ricardo Anaya en relación al caso Odebrecht, transnacional de origen brasileño desde la cual se operó un gigantesco fraude que involucra a muchos países, en todos los cuales existen funcionarios públicos procesados a excepción de México, porque el caso se encuentra en la congeladora de la Procuraduría General de la República. El fraude habría sido planeado desde el año dos mil diez, en las postrimerías del sexenio anterior, e involucra al candidato del PRI José Antonio Meade y al propio presidente Enrique Peña Nieto.
Los casos que son objeto de comentario ponen en su sitio a cada uno de los candidatos a la presidencia frente al llamado Pacto de Impunidad, puesto que la Alianza por México al Frente da pruebas contundentes de combatir la corrupción en los estados que gobiernan los partidos que la integran, en Chuihuahua, Veracruz, Tamaulipas, etcétera. En contraste con la postura de Anaya y del Frente, el PRI mantiene la corrupción como materia de cohesión de su estructura, y el candidato del Partido Morena López Obrador, erigido en garante del Pacto de Impunidad, persiste en ofrecer amnistía a los delincuentes de dentro y fuera del gobierno.
A los hechos mencionados, se suma el desafío lanzado al rostro de López Obrador por Ricardo Anaya, durante el tercer debate celebrado la semana pasada. El candidato de la Alianza por México al Frente reveló que durante el gobierno del Peje en el Distrito Federal, entre los años dos mil a dos mil seis, el hoy candidato del Partido Morena concedió por designación, con dispensa de concurso y licitación, contratos por más de ciento setenta millones de aquellos pesos a la Constructora Riobóo, cuando el tipo de cambio estaba a diez pesos por dólar.
El Peje negó la existencia de tales contratos ilícitos, pero ante la evidencia, un coro de defensores del tabasqueño han salido a justificar lo indefendible, como si las obras de construcción asignadas en esa forma fueran poca cosa o de tal manera imprevisibles, que su contratación habría sido realizada en el marco de una emergencia que hizo imposible someterlas a concurso. Lo anterior es inadmisible, porque se trata de obras de gran magnitud como el segundo piso del periférico y seis obras más, que incluso son tremoladas como banderas emblemáticas del gobierno del Peje en la Ciudad de México.
El disimulo de López Obrador ante estos actos de corrupción, el ofrecimiento de perdón y olvido en favor de los priistas y el descubrimiento reciente de actos de corrupción que revelan que el Peje no es el santo que la propaganda ha canonizado, ponen de manifiesto que el candidato del Partido Morena está comprometido a mantener el Pacto de Impunidad con tal de alcanzar el poder. Se acerca la hora decisiva, y es a los mexicanos a los que nos toca escoger, el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos.