Llaman a auditar Fondo Minero

La discrecionalidad de la que las reglas de operación dotan a la aplicación del Fondo Minero en los municipios ha generado algunas suspicacias en los ciudadanos sobre la aplicación de los recursos, afirmó el diputado Francisco Solórzano Valles.

El legislador, representante del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) en el Congreso Local, afirmó que de manera formal no han tenido conocimiento de denuncias que involucren el mal uso de los recursos pero "la ciudadanía es quien sí hace la denuncia muy seguido en el tema de que no ven concretadas las obras".

En su opinión, deberían crearse mecanismos de control para la aplicación de los recursos que los municipios reciben del Fondo Minero porque en la actualidad la decisión depende de las prioridades de cada uno de los ayuntamientos.

"Tendría que haber responsabilidades para quienes ejecuten mal este recurso, tendría que intervenir incluso la Entidad de Auditoría para ver cómo se manejan porque desde el momento en el que se hace discrecional es donde se puede hacer el mal manejo de los recursos".

En su opinión no basta que en cada uno de los municipios se hayan creado pequeños Comités de Ciudadanos que participan en la toma de decisiones sobre los proyectos que se someten a consideración del Consejo de Fondo Minero.

Sobre todo porque las decisiones que toma este grupo de ciudadanos no son vinculantes y al final es el presidente municipal quien toma la decisión sobre los proyectos que se incluyen.

Es por eso que se hace necesario que los recursos sean auditados, incluso con la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción, afirmó el diputado.

En el caso de Durango, son 16 los ayuntamientos que tienen en su territorio actividad minera; es por ello que anualmente reciben un porcentaje de la carga impositiva que pagan las empresas por las actividades de extracción mineral.

Estos recursos deben destinarse a obras y proyectos que permitan a las comunidades mejorar la calidad de vida de la población.

Una de las restricciones que tiene este recurso es que solo puede aplicarse en las comunidades donde están asentadas las empresas mineras, porque se supone que el presupuesto es para la propia comunidad.