Siguen muertes en Nicaragua
Al menos cinco muertos y decenas de heridos dejó en cinco ciudades del Pacífico la denominada "Operación Limpieza" del Gobierno de Nicaragua, que consiste en ataques armados contra la población civil que mantiene bloqueos en las vías, denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
"Hay dos muertos en Diriá, dos en Masaya y uno en Catarina", dijo a Efe el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.
En el municipio de Diriá, departamento de Granada, las llamadas "fuerzas combinadas" del Gobierno, integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, sacaron por la fuerza de sus casas a Almer Morales y Allan Morales (padre e hijo) y fueron ejecutados, afirmó el activista.
En el barrio Camilo Ortega, de la ciudad de Masaya, ese organismo humanitario también reportó otras dos víctimas, que aún no han sido identificadas, y otro más en el vecino municipio de Catarina.
Leiva dijo que además registran "múltiples" heridos, entre ellos dos de gravedad: una niña en Catarina que recibió un disparo en el abdomen, y un niño de 13 años de Masaya.
Asimismo, denunció que la policía y los parapolicías se tomaron a la fuerza el centro hospitalario departamental Masaya y niegan la atención a las víctimas.
Además, que mantienen sitiado Masaya por lo que no existe un "canal humanitario de evacuación" para trasladar a los heridos a Managua, que está a 28 kilómetro de distancia.
"No hay forma de entrar a la ciudad y aquí se trata de salvar vida, porque estamos bajo fuego", clamó Leiva también denunció que las "fuerzas combinadas", luego de "neutralizar" por las fuerzas de las armas a los manifestantes de las barricadas, realizan un plan de "cacería" casa por casa en busca de opositores para su detención.
Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dirige hacia Masaya.
Medidas desesperadas
Según los "Autoconvocados", el Gobierno ejecuta la denominada "Operación Limpieza" que consiste en remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de las "fuerzas combinadas", que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.
El Gobierno ha acusado de ejercer terrorismo, crear inseguridad y actuar con violencia a "quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho" el orden jurídico y constitucional por medio de los bloqueos de vías, donde se ha producido "violencia, tortura y secuestro".
El Ejecutivo indicó en un comunicado el pasado 9 de julio "que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República", tiene "el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos".