A pocas semanas de haber sido electo Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de México, seguimos cuestionado, no la elección, que indudablemente ganó con abrumadora mayoría de votos ciudadanos - el mayor porcentaje de los sufragios - sino el cómo logrará cumplir las promesas hechas durante su campaña a los mexicanos.
Desde luego que ante las expectativas que más de 36 millones de votantes se crearon, ahora deberán ser cumplidas, al menos en lo sustancial, si es que AMLO y colaboradores quieren continuar con la romántica relación que supieron preparar con el apoyo técnico y estratégico de sus expertos en mercadotecnia política.
Centrando su propuesta con la repetida frase de "acabar con la corrupción", hasta prometer atender a los pobres, logró abrir un ancho panorama basado en la fé de muchos y dudas en otros - los menos -, especialmente entre aquellos que conocen de datos económicos y estadísticos del país y las enormes dificultades que representan para solucionarlas.
Para ello, el presidente electo, ha propuesto cincuenta acciones a ejecutar durante su gobierno; piensa le permitirán cumplir con sus promesas, algunas de ellas harto difícil de cumplir y otras que parecieran más propósitos que posibles objetivos, al menos en el corto y mediano plazo.
Se valió de palabras que nos representan una esperanza de alivio ante el agravio del que nos hicieron objeto los actuales administradores públicos, muchos de ellos verdaderos politiqueros que se enriquecieron - muy explicablemente - aprovechando la pobre e inequitativa aplicación de nuestras leyes.
Austeridad significa "sencillez y moderación propias de la persona o cosa austera", "rigurosidad en el cumplimiento de las normas morales" y la postura de AMLO es ejercerla desde el primer día de su mandato.
Cuando revisamos el término, contrastándodo con la realidad, podemos comprender que se trata de prudencia administrativa y no extrictamente austeridad, analizados sus propósitos con la aplicación del principio administrativo que define la diferencia entre gasto: el recurso usado innecesariamente, desperdiciado; e inversión: aquel que respalda la transparente aplicación del recurso para lograr un fin productivo, medido y alcanzable. Diferente, ¿verdad?, aunque utilizando la neurolinguista vendió más, utilizando la ansiedad.
Sin embargo, nos queda la sensación de que se aplicará justicia contra el abuso, que en realidad representa su propósito al futuro, sin mencionar el pasado y que deberá consolidarse con trabajo de análisis y definición del cómo lograrlo. Al respecto ya hay insinuaciones de "compromisos hechos en lo oscurito", llenándonos de suspicacia al evaluar la declarada buena intención de gobernar. Recuerde aquello de "las escaleras se barren de arriba abajo" y luego el repetido término de amnistia y perdón.
Los conocedores del derecho mexicano nos advierten sobre la imposibiidad de ejercer algunas acciones para cumplir sus promesas, como aquella de estudiar y dado el caso aplicar la ley en hechos de corrupción de las altas autoridades.
Quienes confían en el cumplimiento de la promesa, nos hacen notar su control, casi totalitario, en los electos para ejercer poder legislativo -mayoría morenista - y el uso del tradicional método de las ordenes del presidente a diputados y senadores. ¿Cuál será la realidad que nos espera?
La promesa de bajar el sueldo al presidente, de 270 mil pesos a 108 mil pesos, es completamente realizable y aún así continúa siendo alto el salario, considerando que podrá ser ahorrado - invertido - en un ciento por ciento, por tener cubiertos todos sus gastos personales y hasta familiares. La justificación de la cifra es dada por el propio AMLO, al considerar la competitividad en salarios, de casos de profesionistas que puedieran o fuera conveniente ser contratados para el servicio de la nación y que no aceptarían sumas menores a sus ingresos actuales.
Por lo pronto, ya hay una corriente en contrario, entre otros, la de ex-ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya han manifestado su inconformidad; también la de algunos integrantes del poder judicial, que ven obstáculos del tipo legal-admnistrativo - y no de interés personal. ¿ Será real la justificación de sus posturas?
Reformar el 108 constitucional para poder enjuiciar al presidente mexicano, en caso de corrupción y delitos electorales, se ve factible solamente después de agotar un largo proceso, que bien pudiera entorpecerse de diferentes maneras por quienes deben participar del seguimiento legal; de cualquier forma, la ley no puede ser retroactiva y para el caso del actual mandatario: inaplicable.
La autonomía de la Fiscalía General, cuyo titular será elegido por el presidente, de una terna propuesta, se ve como algo que nos era común en mediados del siglo anterior.
Otros muchos indicadores hablan de reducción del gasto nacional, que es posible realizar con el apoyo de todos los integrantes del nuevo gobierno federal y el de los goberadores estatales; unos seguramente apoyadores, los segundos quedan en "veremos".
Esperemos y evaluemos.