El pronunciamiento de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) con respecto a la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador relacionada a su intención de no hacer uso ya de la práctica de fracking para la extracción de gas y petróleo en México, es contundente.
La asociación formada por 44 organizaciones y presente en diez regiones, subraya que para hacer efectiva la intención de abandonar la fractura hidráulica, conocida como fracking, es necesario plasmar la prohibición de esta práctica en la ley.
Las mayorías simples que goza la coalición "Juntos haremos historia" en el Senado y en Cámara de Diputados, dice, bastan para reformar la Ley de Hidrocarburos o expedir una Ley General de Prohibición de la Fractura Hidráulica a partir de las cuales se concrete la prohibición de esta técnica en el territorio nacional.
Y a propósito de la revisión de contratos, la alianza recuerda que el 28 de mayo de 2018, López Obrador anunció ante medios de comunicación que sometería a revisión los 91 contratos entregados por licitación a empresas privadas en el pasado sexenio para anular o cancelar aquellos que hayan presentado irregularidades en el proceso de licitación o en la etapa de operación.
Con respecto a esta declaración, la AMCF se manifiesta a favor y declara que monitoreará de cerca el cumplimiento de la promesa.
Pide anulación de asignaciones y contratos que afectan derechos de pueblos originarios. Explica: no tienen validez legal, pues se entregaron violando los derechos de consulta, autonomía y libre determinación de los pueblos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Reclama moratoria a nuevos contratos y plan de transición energética.
Menciona que en el Proyecto 18, la campaña de López Obrador declaró la intención de aumentar para 2024 la producción de petróleo a 2 millones de barriles diarios.
Ante un panorama generalizado de yacimientos declinantes, advierte, cumplir esta meta solo es posible a partir de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Exige entonces no se lleve a cabo una licitación más para la entrega de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, para Pemex o empresas privadas, hasta que el futuro gobierno presente un plan asequible, transparente y con tiempos claros y definidos para alcanzar paulatinamente, el abandono de todas las actividades económicas ligadas a la explotación de hidrocarburos.
Más cambios pide, como reducir la demanda de hidrocarburos por parte de refinerías.
Considera que la inversión en nuevas refinerías en Tula y el Golfo de México propuesta en el Proyecto 18 distraerá recursos necesarios para empujar una transición energética post-hidrocarburos en el país.
Conviene, dice, concentrar esfuerzos en la rehabilitación de refinerías existentes para reducir la dependencia con respecto a la importación de combustibles al tiempo que se implementa un plan paulatino de abandono de la economía de hidrocarburos.
Recomienda no ampliar la red de gasoductos. Esto porque el Proyecto 18 prevé la expansión de la red de gasoductos existente en México. Tal meta, dice, no es consistente con un plan para transitar hacia una economía libre de hidrocarburos en tanto que la red de distribución se convierte en un aliciente hacia la demanda de extracción de hidrocarburos.
Así, desde que nació en 2013, la AMCF ha demandado la prohibición de la fractura hidráulica debido a las profundas afectaciones asociadas a esta práctica que se presentan sobre comunidades, medio ambiente y clima global.
Surgió la AMCF en el contexto de las discusiones de la Reforma Energética y tras cinco años de información, asambleas, actas de cabildo, educación de representantes, foros y talleres explicativos, logra que miles de personas sepan que el fracking es problema grave y que se pronuncien por su prohibición.
En la Huasteca potosina, más de 50 comunidades se mantienen movilizadas contra el fracking.
En el norte de Coahuila se tiene el registro de uso de fracking en 52 pozos del año 2011 al 2015, de lo cual informan muy poco las autoridades.
Movilizaciones contra fracking también se producen en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
Por lo mismo, ahora que la correlación de fuerzas en el Ejecutivo y Legislativo "se voltea de cabeza", la AMCF solicita la apertura de mesas de debate públicas sobre la política extractiva y energética del próximo sexenio.
@kardenche