Aún persisten damnificados en riesgo

A un año del sismo del 19 de septiembre, organismos públicos y organizaciones sociales de derechos humanos denunciaron la persistencia de damnificados en condiciones precarias, derivada de la falta de coordinación de autoridades responsables de atender la emergencia, así como de indicios de corrupción en la canalización de los fondos de apoyo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que refiere que, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, "no se tiene certeza del avance de la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas" en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, solicitantes de la declaratoria federal de desastre.

Para el organismo, no ha habido "transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos".

Y puso como ejemplo de las irregularidades que en la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por parte de Bansefi, pues se reportó "la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola", pero cuando la institución bancaria fue cuestionada por la CNDH, argumentó que sólo se había entregado una y que el resto permanecía resguardado, negándose a mostrarlas bajo el pretexto del secreto bancario.

Para la CNDH, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México es cada vez más resiliente pues también incurre en opacidad.