El Congreso de Durango
Los Congresos locales normalmente pasan desapercibidos de la agenda pública, a pesar de ser depositarios de la representación ciudadana, responsables de legislar y de ser el contrapeso natural al gobierno estatal en turno. Y no es un tema menor: tenemos 1,124 Diputados locales en todo México que manejan un presupuesto anual de 14 mil 480 millones de pesos; por lo que es fundamental evaluar su estructura, funcionamiento y eficiencia.
De aquí la importancia y pertinencia del Informe Legislativo 2018 sobre los Congresos Locales elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Como siempre, las observaciones fueron muchas y coinciden en lo que han venido señalando en sus ediciones anteriores: hay opacidad, inequidad, poco profesionalismo, clientelismo e ineficiencia.
Uno de los más graves problemas que existe en la inmensa mayoría de los Congresos es su falta de profesionalización, es decir, no cuentan con personal técnico y capacitado que funcione a través de un servicio profesional de carrera, es decir con concursos públicos y con criterios objetivos de ingreso, que reciban capacitación continua y que hagan una carrera laboral, a pesar de que 24 Congresos contemplan este mecanismo, solo 4 lo tienen en marcha, aunque ningún Congreso publicó alguna convocatoria de ingreso en 2017.
En el caso de Durango, a pesar de que la ley orgánica menciona la obligación de expedir un estatuto que rija al servicio de carrera, no fue posible encontrarla en su página de internet, a la vez que su sistema de transparencia no arrojó información específica. Destaca que de todos los Congresos Locales, el de Durango fue el único que no respondió a ninguna solicitud de información del IMCO para la elaboración de su informe, por lo que tampoco fue posible evaluar su eficiencia según el número de trabajadores contratados.
Si hablamos del presupuesto de los Congresos, vemos que existe una gran disparidad, por ejemplo las legislaturas de la Ciudad de México y del Estado de México son las que disponen de mayores recursos, con presupuestos superiores a los a 2,300 y 1,500 millones de pesos, mientras que Colima gasta 95 millones de pesos. En el caso de Durango tiene un presupuesto por debajo del promedio, que asciende a 191 millones, lo que significa que cada Diputado nos cuesta 7.6 millones de pesos o que cada uno de los duranguenses aporte 105 pesos.
Una gran crítica y reflexión que aporta el informe del IMCO es sobre el gasto que hacen los Congresos en ayudas sociales, ya que no es su papel primordial, por lo que no se justifica que entreguen despensas o juguetes, ofrezcan fiestas o ayudas económicas y mucho menos construyan obra pública, sobre todo cuando todo esto se hace en total opacidad, sin conocer quiénes fueron los beneficiados o los ejecutores, ni se dieron a conocer las reglas de asignación y operación, todo esto favoreciendo el clientelismo político.
Es de sobra conocida la nueva conformación partidista del Congreso de Durango a lo que se le suman las exigencias ciudadanas de eficiencia, austeridad y transparencia, por lo que teóricamente estarían dadas las condiciones para que la actual legislatura pueda hacer cambios profundos en la operación y su manejo interno, y por supuesto que les ayude a corregir la mala imagen que tiene un Diputado. Ahí está uno de los principales retos y una de las más grandes oportunidades.
Twitter: @omarortegasoria