La venganza del Gobierno tricolor

Editoriales

"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón".

Jorge Luis Borges

Tanto a Benito Juárez como a Porfirio Díaz se les atribuye haber dicho que para los amigos, justicia y gracia, mientras que para los enemigos, la ley a secas. Es evidente que hoy, en México, no ocurre ninguna de las dos cosas.

Los hechos, por lo menos hasta ahora, tampoco evidencian que el titular del Ejecutivo vaya a cumplir su promesa de mantenerse al margen del proceso electoral. Ojalá nos equivoquemos en nuestra apreciación sobre el papel que está jugando el presidente porque más que Jefe de Estado, Enrique Peña Nieto parece operador político de tierra queriendo replicar a nivel nacional la elección del Estado de México.

Hace una semana, la ciudadanía logró algo inédito en tiempos electorales y más aún en un país tan dividido como el nuestro: coincidir en el terreno político. Y es que no obstante filias y fobias, desde la distancia percibimos que en franco desacato a sus atribuciones y competencias, el Gobierno de la República se encuentra metido de lleno en la elección.

Sostengo lo que escribí en Twitter: Utilizar a las instituciones del Estado para perseguir a la oposición, sienta un precedente muy peligroso. A la larga, todos perdemos y de qué forma. Con ello nos asemejamos a Chile en tiempos de Pinochet, Argentina bajo el yugo de Videla o Cuba durante los años de Castro.

Difundir el video donde Ricardo Anaya se apersona ante la PGR fue un grave error que más temprano que tarde terminará revirtiéndoseles a quienes fraguaron tan burda estrategia. De facto, el sistema convirtió a Anaya en perseguido político y le dio las armas para martirizarse. En política, si algo reditúa, es precisamente ser mártir.

Como lo comenté el viernes durante mi participación en Contextos de Noticieros Grem, la obligación de cualquier político o funcionario público es la transparencia y rendición de cuentas. Suelo defender ideas, no personas, así es que desde la ciudadanía a la que pertenezco exigí todas las explicaciones que Ricardo Anaya quisiera rendir sobre los hechos que se le imputan.

Lo mismo, exactamente, pediría tratándose de los otros candidatos. Sin embargo, resulta evidente que lo que ocurre es una persecución sin paragón desde las altas esferas del oficialismo, que viola el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso no sólo de Anaya, sino también de los otros señalados.

Más allá de defender o atacar a particulares, lo importante es que todos coincidamos en que a la hora de aplicar la justicia y fincar responsabilidades, la vara con la que se mide varía, y mucho, dependiendo del personaje.

En el México de la impunidad y en el marco de uno de los gobiernos más dispendiosos e ineficientes de la historia moderna, sobre el estado de derecho reina el amiguismo, de ahí la urgencia de transitar a la figura de una fiscalía independiente que no esté supeditada al Poder Ejecutivo.

Se pretende dañar a Anaya acusando a un sujeto de apellido Barreiro, de presuntas operaciones por 55 millones de pesos en la compra de una nave industrial; pero baste compararlo con el abuso del actual Gobierno en términos de contratos de adjudicación directa. Según cifras del IMCO, siete de cada diez se otorgaron por contratación directa y nadie se escandaliza. Tampoco veo a la PGR difundiendo videos de Lozoya o exigiéndole explicaciones sobre Odebretch. Ya ni hablemos de Robles, Alfredo Castillo, los presuntos desvíos desde Sedesol y Sedatu, la interminable lista de gobernadores cleptócratas del PRI, favores a Grupo Higa y OHL, para saber que lo de Anaya obedece a un ardid mediático en perfecta sincronía con aquél dicho que reza: "calumnia, que algo queda".

En la misma tesitura se pronunció ayer nuestro apreciado Ignacio Morales Lechuga, notario, notable jurista y ex procurador general de la República. Explica así: "En los 60 una manera de perseguir opositores era por medio del delito de disolución social. Hoy el lavado de dinero puede ser un instrumento más de la política electoral. Esa discrecionalidad es (in) justamente lo que permite el uso y abuso de este tipo de acusaciones. Son figuras verdaderamente jabonosas que el Estado puede orientar fácilmente, no tanto para demostrar en un juicio la culpabilidad del acusado, sino para acabar con el prestigio y afectar la libertad de los opositores políticos".

Hasta la misma Margarita Zavala, crítica de Ricardo Anaya, ha exigido que las instituciones del Estado, particularmente la PGR, saque las manos del proceso electoral. Triste e inexplicablemente y pese a haberlo sufrido en carne propia cuando se inició un proceso de desafuero en su contra, López Obrador parece haber exculpado al presidente y al Gobierno de cualquier intervención. No quiero pensar que ello obedezca a que AMLO ya pactó con Los Pinos pero vamos, que si algo no existe en política son las coincidencias.

Sígueme en Twitter: @patoloquasto

Compartir Tweet G+ Share
Noticias relacionadas
Además lee