Garantizar derechos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no ha sesionado durante el mes de abril por falta de quorum en su pleno debido a que el Presidente de la República vetó a las dos personas que fueron elegidas por el Senado de la República para reemplazar a los comisionados que el 31 de marzo pasado cumplieron el periodo para el que fueron elegidos.

La inoperancia en la que se ha dejado al Instituto tiene consecuencias graves para los ciudadanos, ya que no es posible garantizar el derecho humano a la información plasmado en la Constitución si no existen las condiciones para hacerlo por parte del órgano garante de este derecho.

Lamentablemente la violación a los derechos humanos más elementales es algo que se vive día a día en nuestro país. En pleno siglo XXI todavía mueren, por causa de enfermedades curables, niñas, niños y adultos de las etnias indígenas de todo el país, y, en los casos más dramáticos, por desnutrición. Las complicadas geografías en donde se localizan estas personas hacen que sea muy difícil llegar a esas zonas, no hay infraestructura hospitalaria ni recursos humanos capacitados para atender a esa población. El Estado Mexicano claramente falla al no garantizar el derecho a la salud a la población que vive en las zonas más aisladas de su geografía.

En el caso de los habitantes de zonas de difícil acceso ya sea en las montañas de Guerrero o en la sierra de Durango, la incapacidad para garantizar el derecho a la salud por parte de las instituciones del estado mexicano seguramente tiene que ver con cuestiones materiales y de asignación de recursos, ya que la infraestructura y recursos humanos se asignan a los lugares en donde tienen mayor impacto.

Aunque este tipo de criterios no pueden utilizarse para privar de derechos a ninguna persona, en la práctica las instituciones de salud de cualquier nivel de gobierno no tienen presencia en centros de población aislados y con baja densidad poblacional. Mientras estos criterios continúen, seguiremos teniendo muertes por enfermedades curables entre los miembros de las comunidades más vulnerables del país.

Sin embargo, en el caso del INAI la incapacidad para garantizar derechos por parte del estado mexicano no se debe a la falta de infraestructura o de recursos humanos o financieros para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Lo que lamentablemente tiene en la inoperancia a este Instituto son motivaciones políticas, por un lado el desacuerdo entre la mayoría parlamentaria del órgano legislativo encargado de nombrar a los Comisionados, que en este caso es el Senado de la República, y por el otro, la decisión de vetar a quienes habían sido nombrados por parte del Presidente de la República, con lo que se deja sin quorum legal al pleno del Instituto y con esto, imposibilitado para resolver los expedientes a su consideración y así garantizar el derecho a la información que tenemos los ciudadanos.

En las dos situaciones descritas en esta entrega en las cuales deliberadamente, aunque por diferentes razones, se deja a los ciudadanos en estado de indefensión, por un lado, el derecho a la salud de la población en zonas aisladas y marginadas, y por el otro el derecho a la información de los ciudadanos, es necesario que tanto las instituciones como los actores políticos involucrados tengan incentivos para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

Estos incentivos seguramente vendrán de las instituciones de justicia, ordenando a que se garanticen los derechos humanos establecidos en la Constitución.

Twitter: @jesus.menav