En el olvido, Ley de Voluntad Anticipada
Dentro de los muchos pendientes que existen en el Congreso del Estado de Durango, se encuentra la Ley de Voluntad Anticipada, sin que hasta el momento algún legislador o legisladora retome el tema ni muestre interés por este asunto de salud pública y, por lo tanto, de derechos humanos.
En julio del presente año, el estado de Puebla captó la atención nacional al convertirse en la entidad número 14 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación (otro tema que es esquivado en el Congreso local), pero del mismo modo, aprobó la Ley de Voluntad Anticipada. Según narran los medios de comunicación poblanos, dicha legislación tenía 17 años en espera de ser aprobada hasta que, por fin, se pusieron de acuerdo los diputados y dieron su aval. Un gran avance, sin duda.
La eutanasia no es igual a la Voluntad Anticipada. La primera es definida como el ejercicio de actuar u omitir acciones para facilitar la muerte, es decir, "la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por compasión o por razones médicas". La segunda está enfocada hacia la ortotanasia.
La ortotanasia permite que la muerte de los pacientes terminales ocurra de manera natural, otorgándole los cuidados y tratamientos necesarios para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, la muerte. Es decir, no se prolonga la vida a costa de un sufrimiento innecesario o atentar contra la dignidad humana.
De manera que, con la Ley de Voluntad Anticipada, las personas en fase terminal pueden decidir si quieren o no someterse a tratamientos o cuidados médicos para prolongar su vida, decisión que se formaliza ante un notario público y debe ser respetada por familiares así como por el personal médico.
En Durango, en el año 2017, el entonces diputado priísta, Maximiliano Silerio Díaz, presentó una iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada. En ese tiempo, incluso organizó una serie de foros de discusión sobre el tema. Después, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Adultos Mayores para quedar en el olvido.
¿Por qué existe esta resistencia por parte de los diputados locales a legislar este tema? Hasta ahora, no hay respuestas concretas ni convincentes más que sus propios prejuicios o su desinterés.
En el país, al menos 15 estados ya cuentan con una legislación en la materia; la pionera fue la Ciudad de México y la más reciente, como se mencionó anteriormente, Puebla. Así que es necesario retomar el asunto y tratarlo con la seriedad y profesionalismo que amerita.
Tal vez con la llegada de los nuevos integrantes del Congreso local se refresque el ambiente y ahora sí laboren en asuntos que son de importancia para la población, no solo en la "grilla" política con miras a la elección del 2025. ¿Será esto posible?
PUNTO Y APARTE.- Tras 16 días de actividades llegó a su final la Feria Nacional Francisco Villa. De acuerdo con la perspectiva de los organizadores fue todo un éxito en materia de seguridad así como en la derrama económica que generó a la ciudad capital, la cual asciende a los 270 millones de pesos. En próximos días sabremos si hubo mejoras en las ganancias respecto al 2023.
Desde la perspectiva de la ciudadanía (como pasa cada año) hay quejas y críticas, aunque también opiniones favorables, sobre todo de los fans que tuvieron la oportunidad de asistir al concierto de su artista favorito.
Sin embargo, es necesario precisar que la Feria no fue un éxito total en materia de seguridad puesto que el abogado Julio Paredes, nacido en Durango, pero residente de Estados Unidos, fue atropellado intencionalmente en el estacionamiento, quien por desgracia murió días después en el Hospital 450. Esta trágica noticia trascendió fronteras y fue reportada en algunos medios del vecino país del norte. Por lo tanto, no puede ser tomado como un incidente "menor".
Mientras tanto, dice Lauro Arce, director de Ferias, ya trabajan en la planeación de la próxima edición del 2025.
Nos leemos en X: @citlazoe