Acusan al presidente del TSJE por presunto abuso de poder y tráfico de influencias

Además de la violencia vicaria, muchas mujeres se enfrentan a la violencia institucional al ser Durango el penúltimo estado en el que falta tipificar la ley en la materia, dio a conocer la activista Olga Lidia Mejía, en una rueda de prensa en la que se hizo pública una denuncia contra el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La representante del Frente Nacional de Violencia Vicaria refirió que ya está la iniciativa, y se espera que después de las elecciones finalmente se vote para frenar la revictimización que en la actualidad padecen mujeres en Durango.

Por su parte, Daphnia Velázquez denunció que durante 15 años estuvo en un matrimonio en el que vivió violencia psicológica, manipulación emocional y desacreditación, frente a sus hijos, por lo que pensó que con el divorcio la violencia terminaría, pero no fue así, ya que el calvario no cesó.

Después de cinco meses de haber promovido un divorcio incausado (al considerar que sería la vía más amigable y que se podría llegar a acuerdos por el bienestar de sus hijos) fue citada en el Juzgado Quinto de lo Familiar a una audiencia en la que el padre de sus hijos expuso que no se quería divorciar y que tampoco estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, en la cual la jueza no promovió la conciliación como era su obligación.

Un mes después llegó una sentencia de disolución de vínculo matrimonial, “dejando a mis hijos desamparados, puesto que no se fijó una pensión alimenticia, guardia y custodia y una patria potestad”.

“Supongo que todo esto es derivado de la irregular intervención del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Gerardo Bonilla Saucedo, hermano del que fuera mi esposo. Hago responsable al presidente del Tribunal por intervenir para que los jueces dicten resoluciones que solo favorecen a una parte, así como por el entorpecimiento de los trámites penales por violencia familiar que interpuse ante el Centro de Justicia para las Mujeres y el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes en Durango”.

“Suponiendo un evidente abuso de poder, corrupción y tráfico de influencias. Esta es una denuncia pública para que la sociedad se entere de lo que en Durango vivimos. De que las personas que son responsables de velar por nuestros intereses y nuestro cuidado no lo hacen”, comentó.

Por lo que pidió la intervención del Gobernador y de la Fiscal General del Estado, ya que “la violencia vicaria es lamentable pero intenta destruir lo más sagrado: el vínculo de la madre con sus hijos”, agregó.