Administración Trump pide detener orden de juez sobre deportaciones de migrantes a Sudán del Sur
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump solicitó el martes a la Corte Suprema que revoque una orden judicial que permite a los migrantes impugnar sus deportaciones a Sudán del Sur, una apelación que llegó horas después de que el juez que emitió la orden insinuara que la administración de Trump estaba “fabricando” caos y que esperaba que “la razón prevalezca sobre la retórica”.
El juez Brian Murphy, de Boston, determinó que la Casa Blanca violó una orden judicial con un vuelo al país africano para deportar a personas de otros países que habían sido condenadas por delitos en Estados Unidos. Dijo que esos migrantes deben tener una oportunidad real de ser escuchados si temen que ser enviados allí podría ponerlos en peligro.
En una apelación de emergencia, el gobierno federal argumentó que Murphy ha retrasado sus planes para llevar a cabo deportaciones de migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen. Encontrar países dispuestos a aceptarlos es “una empresa diplomática delicada” perjudicada por los requisitos judiciales, escribió el procurador general D. John Sauer.
Murphy, por su parte, dijo que le había dado al gobierno de Trump “una flexibilidad notable con una supervisión mínima” en el caso, y enfatizó las numerosas veces que intentó trabajar con el gobierno, según una orden publicada el lunes por la noche.
“Por la conducta ejercida, es difícil llegar a cualquier conclusión que no sea que los demandados invitan a la falta de claridad como un medio de evasión”, escribió Murphy en la orden de 17 páginas.
Juez dijo que hombres no podían abogar por sí mismos
En una audiencia realizada la semana pasada y convocada para abordar los reportes de que ocho migrantes habían sido enviados a Sudán del Sur, Murphy dijo que los hombres no habían podido argumentar que la deportación podría ponerlos en peligro.
Pero en lugar de ordenar al gobierno que los devolviera a Estados Unidos para participar en audiencias, como querían los demandantes, le dio la opción de realizar las audiencias en Yibuti, adonde había volado el avión en su camino a Sudán del Sur, siempre y cuando los hombres permanecieran bajo custodia del gobierno estadounidense. Días después, el gobierno de Trump presentó otra moción en la que alegaba que Murphy les exigía mantener a “criminales peligrosos en un lugar delicado”.
Pero en su orden del lunes, el juez enfatizó repetidamente que fue “sugerencia” del propio gobierno que se le permitiera procesar las reclamaciones de los hombres mientras aún estaban en el extranjero.
“Resulta que tener procedimientos de inmigración en otro continente es más difícil y logísticamente más engorroso de lo que previeron los demandados”, escribió Murphy.
El gobierno ha argumentado que los hombres tenían antecedentes con el sistema de inmigración, y que habían tenido oportunidades para expresar su temor de ser deportados a un país que no fuera su tierra natal. También ha dicho que el país de origen de los migrantes —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptaría de regreso.
La administración también ha señalado repetidamente los antecedentes penales en Estados Unidos de los hombres deportados, y los ha descrito como amenazas a la seguridad nacional.