AMD, de la eficiencia al botín
En política, los cambios suelen justificarse bajo el discurso de "renovación", aunque no siempre responden a una lógica de resultados. El caso de Aguas del Municipio de Durango (AMD) es un ejemplo reciente y alusivo. Rodolfo Corrujedo Carrillo, funcionario con una trayectoria probada y con números sólidos en materia de operatividad y finanzas, fue sustituido sin una explicación convincente.
Tras la reelección de José Antonio Ochoa y el arranque de su segunda gestión, ya se esperaban ajustes en algunas áreas de su gabinete municipal, pero también que se conservara a los funcionarios que habían demostrado capacidad y, sobre todo, resultados. AMD, era justamente uno de esos casos.
Un organismo que Corrujedo Carrillo había venido saneando desde hace tres administraciones, manteniéndolo con finanzas claras y un nivel de operatividad que contrastaba con el pasado turbulento de deudas y malas prácticas. Muchos podrían ver este cambio como inexplicable, sin embargo, el mismo conlleva más implicaciones de tipo político.
Y es que el relevo coloca al frente de AMD a Jesús González Smith, cuya trayectoria se ha desarrollado más en la arena política que en la técnica. Su paso por el Instituto Municipal de Vivienda y, sobre todo, su papel en campañas del PRI a lo largo de los años lo ligan a figuras como Jorge Herrera Caldera, Ismael Hernández Deras y el actual gobernador Esteban Villegas Villarreal.
Desde un punto de vista administrativo, a González Smith no se le percibe como un perfil que pueda inspirar confianza, si es que el objetivo apunta a mantener a Aguas del Municipio como un organismo transparente y alejado de la tentación político-electoral, más cuando AMD puede ser una caja muy codiciada rumbo a los procesos de 2027 y 2028.
Por donde se le quiera ver, tal maniobra parece obedecer menos a la lógica de la gestión pública y más a la presión política y a una imposición del gobernador Esteban Villegas, en lo que podría interpretarse como un intento de tener control sobre una de las pocas dependencias municipales que no arrastran crisis financieras. En otras palabras: ir por el dinero donde está, aunque esté bien administrado.
No obstante, la sospecha no recae solo en la llegada de Jesús González, sino también en la incorporación de Abraham Moreno García como vicepresidente del Consejo Directivo. Es en este punto donde la alerta se vuelve más seria, pues una de las funciones centrales de dicho Consejo es la recuperación de costos, es decir, garantizar la obtención de recursos necesarios para cubrir los gastos de inversión, operación y mantenimiento. Dicho de otra forma: manejo del dinero.
A Moreno García se le recuerda más en la vida pública por su penosa participación en el escándalo del fraude a la Congregación Mariana Trinitaria, cuando entre 100 y 150 mil toneladas de cemento donadas para apoyar a las familias más pobres de Durango, terminaron desviadas en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional en 2007, en las que incluso algunos candidatos no entregaron el material, sino que lo vendieron a particulares.
Aquella operación, disfrazada de "apoyo social", se convirtió en uno de los episodios más indignantes de clientelismo y corrupción que hicieron que esta noble organización sin fines de lucro, retirara el apoyo a Durango durante los dos últimos años del sexenio de Ismael Hernández Deras y durante toda la administración de Jorge Herrera Caldera. Aunque en su momento se aplicaron sanciones mínimas a algunos implicados -entre ellos Abraham Moreno- la impunidad prevaleció.
AMD había sido rescatada de un pasado oscuro para convertirse en un ejemplo de estabilidad y transparencia. Con este movimiento, lo que se pone en juego no es solo un cambio de director, sino la posibilidad de que se repita un ciclo que ya conocemos: la utilización de recursos públicos para fines que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía.
EN LA BALANZA.- El caso de los adeudos del Gobierno de Durango con proveedores locales vuelve a poner en evidencia una práctica nociva y recurrente, como la de utilizar a las empresas locales como financistas forzados del Estado. Los 22 millones de pesos que denuncia Coparmex no son solo una cifra, pues representan además nóminas en riesgo, proyectos detenidos y empleos vulnerables.
X: @Vic_Montenegro