Cosa juzgada
Recientemente la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanzó los titulares de la prensa nacional cuando algunos de sus integrantes anunciaron su intención para discutir y eventualmente revertir algunos de los criterios de la anterior integración del máximo órgano de justicia en el país.
Al no ser especialista en derecho, solamente retomo las ideas generales de este principio general del derecho para aplicarlas a la realidad que vivimos y los efectos potenciales que tendrá para el país si continúan las intenciones del máximo Tribunal Constitucional del país de revertir las decisiones que ya tomó en el pasado otra integración, aún considerando que la Presidenta de la República ya dio su opinión, refiriendo que no está de acuerdo en revisar las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en el pasado.
Lo que se busca evitar este principio general del derecho es la posibilidad de que un litigio se alargue indefinidamente, teniendo como consecuencia incertidumbre jurídica para las partes que buscan dirimir un conflicto. Este problema se soluciona creando una última instancia que dicte una resolución "firme" que no pueda ser apelada.
En nuestro país, la última instancia en casos que involucren derechos garantizados en la constitución está representada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, para la garantía de derechos político - electorales, la última instancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este principio general del derecho ofrece la seguridad a las partes involucradas de que no habrá una instancia posterior en la que se pueda revertir el fallo, lo que genera certidumbre jurídica.
En caso de continuar por este camino, lo que estaría haciendo la nueva integración de la Suprema de Justicia de la Nación es generar incertidumbre jurídica, ya que si ahora se revisan decisiones judiciales de última instancia que se dieron en el pasado, que puede garantizar que en 10 años no se revisen las resoluciones de los casos que se deciden ahora.
Dada la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, completamente alineada al régimen político, seguramente se busca revertir decisiones del pasado reciente que tienen que ver decisiones en contra del gobierno que realizó alguna integración anterior.
Si estas intenciones se concretan la consecuencia será la incertidumbre jurídica para quienes, por ejemplo, estén en condiciones de hacer inversiones en el país. Será prácticamente imposible ver inversiones extranjeras que se sometan a la jurisdicción de tribunales mexicanos, todas pedirán arbitrajes internacionales para resolver disputas con sus contrapartes mexicanas o, en su caso, con el gobierno mexicano, o de ser posible, obligar a sus contrapartes mexicanas a someterse a la jurisdicción de tribunales en otro país con un poder judicial independiente.
Si las intenciones del pleno de la Suprema Corte de la Nación se vuelven realidad, la incertidumbre jurídica que crearán seguramente alejará las inversiones del extranjero que requerimos para tener un crecimiento económico sostenido, que ya de por sí es magro, con una expectativa de alrededor de 1% de crecimiento del PIB para 2026.
X: @jesusmenav