¿Dar presupuesto a los partidos?

Todos los años, millones de pesos del presupuesto público se destinan al financiamiento de los partidos políticos. Es un tema que ha sido muy discutido, que tiene posturas encontradas y que ha venido generando críticas en muchos sectores de la sociedad. ¿Es necesario que reciban dinero público? ¿Podría hacerse de otra forma? En el contexto de una reforma electoral, es crucial reflexionar al respecto.

Actualmente, la bolsa de financiamiento público a los partidos se calcula con base en el padrón electoral y el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); después se hace una distribución con una fórmula mixta, donde el 30% se reparte igualitariamente entre todos los partidos que tienen registro. El 70% restante se distribuye de forma proporcional según el número de votos que cada partido obtuvo en la última elección legislativa, es decir, mientras más respaldo ciudadano tenga un partido, más recursos recibe.

Sin embargo, hay otras bolsas, por ejemplo, un financiamiento para actividades específicas (educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, y tareas editoriales) y, por supuesto, el financiamiento para campañas electorales, que se otorga únicamente en años electorales y sirve para la promoción del voto, propaganda, eventos y logística electoral.

Si bien es cierto que el financiamiento público es el más significativo, los partidos también pueden recibir aportaciones privadas, pero bajo reglas estrictas; por ejemplo, pueden hacerlo los militantes y simpatizantes, a través de cuotas voluntarias o aportaciones específicas, pero jamás lo puede hacer una empresa, gobiernos o personas anónimas. Existe un límite anual de aportación, y los partidos deben reportarla; dichas aportaciones tienen que ser rastreables, y el INE las fiscaliza.

La nueva propuesta de reforma electoral busca cambiar esta lógica. Se habla de reducir el financiamiento público, limitarlo a tiempos electorales y fomentar esquemas mixtos donde los partidos puedan recaudar más fondos privados bajo reglas claras. Esto implicaría mayor transparencia, rendición de cuentas y una competencia más real. Pero también abre preguntas: ¿cómo evitar que el dinero privado capture las decisiones públicas? ¿Cómo garantizar que los partidos pequeños no desaparezcan por falta de recursos?

El argumento detrás del modelo actual es garantizar equidad, evitar que intereses privados dominen la política y permitir que las fuerzas emergentes tengan voz. Pero en la práctica, también ha generado partidos que sobreviven sin representar a nadie y estructuras que se enfocan más en conservar el registro que en conectar con la ciudadanía.

La discusión sobre el financiamiento no es solo técnica, es una pregunta de fondo: ¿qué tipo de democracia queremos? Una donde los partidos vivan del presupuesto, o una donde el dinero se use para construir ciudadanía, diálogo y propuestas. En Durango, como en todo México, necesitamos partidos que nos representen, no que nos cuesten.

* El autor de esta colaboración es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).

X: @omarortegasoria