De sustracción a secuestro: la Fiscalía endurece el caso de la bebé del Materno Infantil
El caso de la bebé sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango sigue sumando giros judiciales.
Aunque en redes y medios se le conoce como el “robo de la bebé”, en realidad la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) optó por una acusación mucho más grave: secuestro agravado.
Durante la audiencia inicial celebrada el domingo pasado, la autoridad imputó formalmente a Karla Alejandra “N.”, señalada como quien habría sacado a la recién nacida del área hospitalaria, y a Anabel “N.”, su presunta cómplice. Ambas permanecen bajo prisión preventiva, mientras la defensa solicitó la ampliación del término constitucional.
La audiencia de vinculación fue pospuesta para este viernes 31 de octubre, donde se definirá si son o no vinculadas a proceso.
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¿Por qué secuestro y no sustracción de menores?
A simple vista podría parecer que se trata del delito de sustracción de menores, figura que castiga cuando alguien “sin derecho de custodia” retira o retiene a un niño o niña de su entorno familiar o institucional.
Sin embargo, en el caso del hospital, la Fiscalía se inclinó por el secuestro porque el hecho no ocurrió dentro de una disputa familiar ni por motivos de tutela, sino a través de engaños, suplantación y complicidad, en un entorno donde la víctima, una recién nacida, fue privada de su libertad sin consentimiento y fuera de toda relación parental.
En términos penales, la sustracción de menores suele aplicarse a conflictos de custodia o casos donde uno de los padres o familiares se lleva al menor sin autorización judicial. La pena en esos casos va de uno a cinco años de prisión, según el Código Penal de Durango.
El secuestro, en cambio, implica privar de la libertad a una persona, sin importar la edad, con fines ilícitos o mediante violencia, engaño o abuso de confianza. Y cuando la víctima es menor de edad, la ley lo considera agravado.
El peso legal de la acusación
La diferencia no es menor.
El delito de secuestro agravado está tipificado en el Artículo 259 del Código Penal del Estado de Durango, y contempla penas que van de 40 a 80 años de prisión, además de multas millonarias, cuando la víctima es una niña o niño, o cuando el acto implica violencia, engaño o la participación de más de una persona.
Es decir, si la imputación de la Fiscalía se mantiene y el juez de control la ratifica, las acusadas podrían enfrentar décadas de cárcel.
La estrategia de la FGED busca dejar claro que lo ocurrido no fue un simple “arrebato” o “error de juicio”, sino un acto planeado, con participación coordinada, que vulneró la seguridad de un hospital público y puso en riesgo la vida de una recién nacida.
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Los elementos que sustentan la versión más grave
De acuerdo con la información judicial, Anabel “N.” habría facilitado datos sobre el área de cuneros, horarios y personal, lo que permitió a Karla “N.” ingresar disfrazada y sustraer a la bebé.
Este nivel de planeación y cooperación entre ambas mujeres fue clave para que la FGED configurara el delito de secuestro y no de sustracción.
Además, la bebé fue ocultada durante varias horas antes de ser localizada en una vivienda del fraccionamiento Hacienda Las Flores. La Fiscalía también señaló que existieron intentos de engañar a terceros sobre la procedencia de la recién nacida, lo que refuerza la hipótesis de un acto doloso y no impulsivo.
Lo que sigue
La audiencia de este viernes será determinante: la defensa buscará reclasificar el delito hacia una figura menos severa, probablemente sustracción de menores, mientras la Fiscalía insistirá en mantener el cargo de secuestro agravado.
Por ahora, ambas mujeres seguirán detenidas y sin derecho a libertad condicional, dado que el delito imputado se considera de prisión preventiva oficiosa.
Más allá del proceso, el caso ha abierto un debate sobre la seguridad en los hospitales y la facilidad con la que se logró vulnerar los protocolos de ingreso al área neonatal.
En la práctica jurídica, también ha dejado claro que el uso de la figura de “secuestro” no sólo responde a un tecnicismo penal, sino a una postura institucional: en Durango, robar un bebé no se trata como un error familiar, sino como uno de los delitos más graves del Código Penal.