Durango: Cuando el silencio (y el crimen) sustituyen al Estado

"Cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica". - Frédéric Bastiat, economista y teórico político.

La reciente intervención federal en Durango, que derivó en la captura de un operador criminal de alto perfil en La Laguna ("El Limones"), no debe leerse como un triunfo de la coordinación local, sino como la confirmación de su colapso. Este hecho evidenció algo más profundo que un golpe táctico al crimen organizado: confirmó la fragilidad -cuando no la absoluta inoperancia- de las estructuras estatales encargadas de garantizar la gobernabilidad.

Hay que decirlo con claridad técnica: cuando el Estado necesita entrar desde fuera para recuperar funciones básicas, el problema ya no es coyuntural, es estructural.

El clamor silencioso de la sociedad duranguense, que observa con miedo la pérdida de control territorial, encuentra eco en los datos duros. Como señalé en octubre pasado, los números no mienten: la percepción de inseguridad en Durango se disparó 12.8 puntos en un solo trimestre, un deterioro "brutal" y excepcional en comparación con la estabilidad del resto del país. Este aumento no fue casualidad; fue el síntoma de una administración, la de Esteban Villegas, que ha oscilado entre la omisión, la falta de voluntad política y una parálisis que huele a complicidad.

Hoy, en amplias zonas de nuestra entidad, los grupos criminales no solo disputan violencia. Funcionan como un "monopsonio" o monopolio híbrido -público y privado- que controla mercados, fija precios y regula accesos. El crimen ha sustituido al Estado. Frente a esto, la narrativa oficial de "aquí no pasa nada" se desmorona ante la realidad de un gobierno de facto ejercido por la delincuencia.

La Solución: Desmantelamiento Estructural (No Policiaco)

¿Qué soluciones reales quedan? La respuesta no está en más operativos aislados ni en la sustitución mecánica de funcionarios. Si queremos recuperar Durango, necesitamos ingeniería institucional, no parches políticos. Desde una perspectiva de política pública, propongo una hoja de ruta basada en cinco ejes simultáneos de desmantelamiento estructural:

Centralización temporal de la inteligencia: Ante la evidente desconfianza en las autoridades locales, las funciones críticas de inteligencia y persecución penal deben permanecer bajo mando federal. No es una invasión a la soberanía estatal; es una medida de contención institucional necesaria para sanear procesos viciados.

Ataque financiero, no solo balazos: Ninguna estructura criminal cae solo con detenciones. Se requiere el congelamiento de cuentas y la fiscalización patrimonial para erosionar el poder real del crimen, que hoy es esencialmente económico. Si no cortamos el flujo de efectivo, "El Limones" será reemplazado mañana.

Depuración institucional verificable: Basta de simulaciones. Un proceso creíble requiere evaluaciones externas y controles patrimoniales públicos. Sin esto, la captura institucional se reproducirá con nuevos nombres bajo el amparo de la misma administración.

Recuperación del mercado: Cuando la delincuencia domina sectores productivos, el Estado debe intervenir con instrumentos regulatorios para romper ese monopolio criminal y proteger a los productores locales.

Reinstitucionalización condicionada: La devolución de funciones a la policía y gobierno local debe ser escalonada y condicionada a indicadores objetivos de desempeño, no a calendarios electorales.

El Costo de la Voluntad

¿Es viable este "maxiproceso" en Durango? Sí, pero solo si es técnico y no político; si se basa en evidencia financiera y no distingue cargos o filiaciones.

La pregunta incómoda para el gobierno de Esteban Villegas no es si el problema es grave -eso ya es evidente con la intervención federal-, sino si existe la voluntad real de asumir el costo político que implica desmantelar un sistema que, durante años, parece haber sido tolerado o incluso funcional para muchos.

Recuperar al Estado no implica solo ocupar territorios con la Guardia Nacional -y mucho menos "salir con la cola entre las patas" para opinar lo que sea-, sino reconstruir capacidades administrativas y económicas. Los ciudadanos no esperamos soluciones mágicas ni inmediatas, pero exigimos señales concretas: caída en flujos financieros ilícitos y el fin de la extorsión, no solo boletines de prensa.

La intervención federal no solo evidenció la fragilidad local, sino que obligó a la administración estatal a un repliegue indigno hacia la irrelevancia, confirmando que el vacío de poder ya tenía dueño.

Durango merece más que el silencio cómplice. Merece un Estado que funcione.

Leonardo Álvarez

Leonardo.alvarez@gdinnovaciones.com