El costo político de regular la fe
El gobierno ha propuesto una nueva ley para regular a los grupos religiosos pequeños y poco comunes en México. A primera vista, suena bien: quiere protegerlos y darles los mismos derechos. Pero cuando miramos con cuidado, esta ley podría generar más problemas de los que resuelve, metiendo al gobierno donde no debería entrar: en la fe personal de la gente.
La iniciativa, presentada por un diputado de Morena, quiere crear un "registro especial" para las minorías religiosas. Grupos como los wiccanos, algunos practicantes de medicina tradicional o la santería, que hoy tienen dificultades para hacer ceremonias públicas o funerales según sus creencias, podrían registrarse ante la Secretaría de Gobernación. La idea oficial es evitar fraudes (como los casos de personas que venden "rituales" falsos a costos altísimos) y darles reconocimiento legal.
Aquí está el gran conflicto: la ley convertiría al gobierno en el que decide qué creencia es "válida" y cuál no. Para registrarse, estos grupos tendrían que definir sus estatutos, líderes y prácticas ante un escritorio gubernamental. Esto es un grave error por varias razones, primero, imponer el poder de forma disfrazada es violencia simbólica. Al decir "te voy a incluir y proteger, pero bajo mis reglas", el Estado despoja a estas comunidades de su autonomía; segundo, muchas de estas prácticas espirituales valen precisamente por ser libres, sin jerarquías fijas ni papelería; y tercero, obligarlas a burocratizarse es destruir su esencia, es un peligro para todos, porque hoy son los grupos pequeños y mañana podrían ser cualquier otra congregación.
Si el Estado se arroga el derecho de "acreditar" ministros de culto o validar doctrinas, está sentando un precedente peligrosísimo para la libertad religiosa de todos, de católicos, evangélicos, judíos, etcétera; además de que no resuelve el verdadero problema "los fraudes y los delitos" como el maltrato animal o el comercio con restos, que ya son ilegales. Lo que se necesita es aplicar mejor las leyes que ya existen, no crear nuevos controles sobre las creencias. Los mexicanos somos, en su gran mayoría, gente de fe. Cerca de 9 de cada 10 personas creen en algo. Cuando los ciudadanos ven que el gobierno quiere meter la mano en cómo se organizan sus iglesias o en qué pueden creer, se sentirán atacados en algo muy profundo.Por eso, muchos analistas políticos advierten que esta ley podría tener un "efecto bumerán" en las urnas. El votante común, que ya siente que sus valores son ignorados o criticados por algunos en el poder, vería esta iniciativa como la confirmación de que el partido en el gobierno, o sea Morena, quiere controlar la vida espiritual de la gente.
La reacción podría ser masiva. La gente no votaría solo por otro partido, sino "en contra" de Morena, quienes son los promueven esta ley, usando su voto como un grito de defensa. En un país tan religioso, enojar a los creyentes es uno de los mayores riesgos políticos que se pueden tomar. Esta ley, aunque se viste de "inclusiva", en el fondo es una herramienta de control. El camino correcto no es que el gobierno ponga sellos a las religiones. El camino correcto es garantizar que todos puedan creer y practicar su fe en paz, sin que nadie les pida permiso, siempre y cuando respeten la ley y los derechos de los demás.
Aprobar esta reforma sería un error que dividiría más a México y despertaría un rechazo tan fuerte, que el costo se pagaría en la próxima elección. La fe es un territorio sagrado de cada persona, y ni el gobierno ni ninguna ley deberían pretender administrarlo.