'Falsa Acusación': ley que huele a censura
En Durango, una iniciativa de ley para tipificar como delito la "falsa acusación" podría parecer, a simple vista, un avance para proteger la integridad y reputación de las personas que son denunciadas y/o acusadas bajo testimonios o pruebas apócrifas. No obstante, abre la puerta a que también se atente contra el periodismo crítico.
Nadie cuestiona aquí que el uso perverso del sistema penal para dañar a terceros deba sancionarse. Sin embargo, en un entorno político y social tan complejo como el que vive nuestro estado, este tipo de reformas encienden alarmas que van mucho más allá de los argumentos legislativos.
La preocupación no es menor, pues una ley bien intencionada, mal aplicada o políticamente manipulada puede convertirse en un arma contra la libertad de expresión, justo en un momento en el que la crítica ciudadana y la observación puntual a las administraciones públicas son más necesarias que nunca.
El diputado local por Morena, Otniel García Navarro, impulsor de la iniciativa en cuestión y quien -dicho sea de paso- ha sido objeto de las críticas y denuncias, asegura que su iniciativa solo busca impedir abusos y evitar que las instancias de justicia se utilicen para perjudicar inocentes. Su advertencia pareciera sonar algo cómoda para él. Ese es precisamente el lado oscuro de la luna.
Tal hemisferio oculto es el más peligroso y que el Legislativo no puede ignorar a pesar de su difusa visibilidad, ya que, en manos equivocadas, una figura penal como la "falsa acusación" puede operar como un instrumento para intimidar voces críticas, disuadir denuncias legítimas y reducir el margen de acción del periodismo, del activismo social y de la ciudadanía inconforme.
La realidad es que, en Durango y todo México, el clima político está lo suficientemente enrarecido como para desconfiar de cualquier mecanismo que pueda ampliar peligrosamente el poder coercitivo del Estado sobre la libertad de expresión, los medios de comunicación, las y los periodistas, sobre todo aquellas y aquellos incómodos al régimen.
La inseguridad que no se admite ni se combate; el crecimiento del malestar social; el cierre de negocios; la crisis económica que cada vez es más visible y la irritación de la ciudadanía ante la falta de resultados, son, en este contexto, una atmósfera de tensión constante que aumenta la tentación del gobierno por contener la crítica.
La libertad de expresión nunca muere de un solo golpe. Sucumbe en silencio, mediante leyes aparentemente nobles que, en la práctica, inhiben la crítica y blindan al poder. Por eso, esta iniciativa debe analizarse con lupa, sin ingenuidades y sin olvidar que el derecho penal es la vía más extrema del Estado para castigar conductas. Utilizarlo para regular la palabra, la denuncia o la opinión es, en sí mismo, un riesgo que no debe tomarse a la ligera.
En tiempos de incertidumbre, cuando la ciudadanía exige transparencia y resultados, lo que Durango menos necesita es que la crítica sea un delito y que la inconformidad pueda interpretarse como una "acusación falsa". Ojalá que en el Congreso del Estado lo entiendan así. Porque si algo debe proteger la ley, es precisamente la voz de quienes se atreven a cuestionar al poder.
EN LA BALANZA.- El acelerado crecimiento de la deuda pública en Durango durante los últimos seis meses exhibe un preocupante manejo financiero del gobierno de Esteban Villegas. Tras dos años de relativa estabilidad, el salto de más de 440 millones de pesos en tan solo medio año, sumado a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por recursos no aclarados en salud y educación, revela no solo falta de control presupuestal, sino un patrón de opacidad y engaños que alimentan el enfado social y de una ciudadanía que ya no cree en el discurso triunfalista del mandatario duranguense.
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