Compromiso. El diputado presidente de la Comisión de Responsabilidades fue claro al señalar que los procesos no se dan por finalizados a pesar de que las Administraciones Municipales concluyen constitucionalmente el próximo 31 de agosto.
Algunos procedimientos de responsabilidad administrativa contra Presidentes Municipales de Durango seguirán su curso aun cuando estos concluyan su cargo, este 31 de agosto.
El diputado local Noel Fernández Maturino, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, explicó que existen procesos en curso, tanto administrativos como judiciales, derivados de observaciones e irregularidades detectadas durante sus gestiones municipales, y aclaró que dichas responsabilidades no concluyen automáticamente con el fin de su Administración.
Subrayó que la Comisión reanudará el análisis de estos casos a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el próximo 1 de septiembre, y que varios expedientes, entre ellos el del municipio de San Dimas, se encuentran en una etapa avanzada.
Aunque dijo no poder entrar en detalles por tratarse de procesos en investigación, Fernández Maturino mencionó que el caso de San Dimas fue notificado legalmente al Congreso y que ya cuenta con avances significativos en la vía judicial, por lo que corresponde a la Comisión de Responsabilidades dar seguimiento administrativo para determinar las acciones procedentes. Indicó además que otros municipios como Nazas, Mapimí y Tlahualilo también se encuentran en etapa de resolución, algunos con expedientes prácticamente listos para definición, y recalcó que no habrá impunidad con el argumento de cambio de Administración.
El diputado local comentó que incluso en el reciente proceso electoral los municipios con alcaldes que enfrentan señalamientos no lograron repetir en el cargo, lo cual, dijo, refleja la reacción de la ciudadanía ante las incidencias.
Añadió que, aunque algunos expedientes se complementan con informes de instancias judiciales o administrativas externas, será la Comisión del Congreso la que determine, en el ámbito de su competencia, si procede o no alguna sanción o inhabilitación.
Fernández Maturino subrayó que la Comisión de Responsabilidades no es un espacio sencillo, ya que implica trato con autoridades, análisis jurídico y coordinación política, pero puntualizó que el compromiso institucional es conducir los procedimientos hasta su conclusión, sin suspenderlos por cambio de funcionarios. Se comprometió a que, una vez que el proceso legal lo permita, se informará públicamente el estado que guarda cada expediente y la resolución tomada en su momento.