¿Hay violentadores en Durango?
Esta semana los edificios públicos se iluminaron de naranja, los discursos feministas y de empoderamiento de la mujer estuvieron muy presentes, las banderas moradas ondearon; si bien es cierto que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sigue cobrando más importancia, para muchas mujeres que ejercen la política en Durango (que, por cierto, cada día son más), la violencia no es una efeméride, sino una realidad que persiste cuando los micrófonos se apagan.
Más allá del "moño naranja", la verdadera métrica del compromiso político en nuestro estado no está en las fotos oficiales, sino en una base de datos pública, fría y reveladora: el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Esta "lista negra" tiene actualmente 466 personas sancionadas en todo México; sin embargo, al ver los datos de Durango, solo hay un caso. Esto tan solo puede significar dos cosas: que en Durango no existe la violencia contra la mujer, o que aún tenemos el gran reto de reconocerla, denunciarla y sancionarla; en lo personal, me inclino por esta última.
La estadística nacional nos dice que la gran mayoría de las agresiones provienen del ámbito municipal. No son enemigos externos; son alcaldes, síndicos o regidores varones que, incómodos ante el reparto del poder, ejercen violencia simbólica, psicológica, económica y obstrucción del cargo contra sus compañeras.
En Durango, la historia no es distinta: el único caso sancionado que tenemos tuvo lugar en Mapimí, y la violencia política aquí se disfraza de burocracia, por ejemplo, con la disminución del sueldo, el ocultamiento de información para sesiones o la invisibilización sistemática en la toma de decisiones.
Este registro es, en esencia, un "muro de la vergüenza" digital. Pero, ¿sirve de algo aparecer ahí? La iniciativa "3 de 3 contra la violencia" prometió que ningún agresor llegaría al poder. Sin embargo, la inscripción en este registro no siempre es una muerte política. Abogados electorales encuentran rendijas y los partidos políticos, en su pragmatismo, a menudo calculan si el "capital político" del agresor pesa más que la sanción ética y jurídica.
Para las autoridades electorales, el reto rumbo a los próximos comicios es titánico. La vigilancia no puede limitarse a recibir denuncias; debe garantizar que las sentencias de violencia política tengan dientes. Si un nombre aparece en el registro de personas sancionadas, la presunción de tener un "modo honesto de vivir", que es un requisito constitucional para ser elegible, debería cuestionarse de inmediato.
La violencia política contra la mujer en Durango es un inhibidor de la democracia. Cada vez que una mujer es silenciada en un cabildo o atacada en medios de comunicación por su género, el mensaje para las futuras generaciones de políticas duranguenses es devastador: "No te metas aquí".
Por ello, la consulta al Registro de Personas Sancionadas no debe ser un ejercicio de morbo, sino de auditoría ciudadana. Que el 25N sea un recordatorio de que, en Durango, la política libre de violencia sigue siendo una asignatura pendiente.
X @omarortegasoria