Impunidad con toga y mazo en Gómez Palacio

Frente al recinto del Poder Judicial del Estado de Durango en la región Laguna, una mujer se mantiene resistiendo los embates de la impunidad. Fabiola, madre de una niña de 13 años que fue violada por un familiar, sitia la Plaza de Armas de Gómez Palacio en un grito desesperado por justicia, ante la absolución del presunto agresor sexual, puesto en libertad por tres jueces con el argumento de la "falta de pruebas".

Fabiola lleva ya cuatro días en pie, en vigilia, reclamando lo que la justicia debe garantizar: seguridad, reparación del daño y, sobre todo, verdad. Su hija, según consta en denuncia formal y peritajes médicos, efectivamente fue víctima de abuso sexual.

No obstante, el acusado estuvo solo dos años en prisión preventiva, hasta que un tribunal decidió liberarlo por supuestas inconsistencias en las pruebas y, lo más alarmante, por no creer en el testimonio de una menor, llevándola al sufrimiento adicional por la infamia que el tratamiento vil de las instituciones le está causando.

En un país, en un estado como Durango con Alerta de Género activa, donde el testimonio de mujeres víctimas tendría que ser escuchado con perspectiva de género y protección integral, decir que "la niña miente", no solo es un revés jurídico, sino una forma más de agresión. La revictimización invalida y deja sin piso a miles de mujeres y niñas que buscan justicia y solo encuentran portazos legales.

El hecho no es un caso aislado: es un espejo de lo que viven miles de mujeres y niñas en Durango. De acuerdo con el Instituto Estatal de la Mujer, más de 30 mil víctimas han sido atendidas por situaciones de violencia durante la presente administración estatal. Pero la estadística real es aún más brutal, pues, por cada mujer que acude a denunciar, hay muchas más que callan por miedo, por vergüenza o por hartazgo de un sistema que no las escucha.

El caso de Fabiola y su hija exhibe sin pudor las grietas de un Poder Judicial que parece más preocupado por las formas que por la justicia de fondo. En lugar de actuar con perspectiva de género y con enfoque de derechos de la niñez, los jueces optaron por la salida cómoda de decir que no hay pruebas suficientes, invalidando el testimonio de una menor traumatizada y cerrando el expediente.

En contraparte, los jueces disfrutan del blindaje institucional y de los 110 millones de pesos que el Poder Judicial del Estado de Durango erogará para su retiro y pago de inmerecidas prestaciones el próximo 31 de agosto. Tras la reforma y las elecciones, miles de mujeres seguirán caminando solas, con miedo, expuestas a que sus agresores regresen a las calles, a sus hogares o incluso a sus aulas.

Hoy, el caso de Fabiola y su hija abusada sexualmente, además de no ser aislado, es un símbolo de cómo el sistema judicial puede fallar cuando no se adapta, no escucha y no evoluciona. Es un recordatorio urgente de que los tribunales no solo deben ser espacios de ley, sino también de humanidad. Un espacio donde no se permita que la impunidad se cuele por la puerta trasera.

EN LA BALANZA.- La cifra de 38 impugnaciones en 23 municipios evidencia la fragilidad del proceso democrático en ciertas regiones de Durango. Que Nazas y Nombre de Dios encabecen la lista apunta a tensiones locales que deben ser atendidas con responsabilidad institucional. El Tribunal Electoral del Estado tiene la tarea crucial de garantizar que cada impugnación se resuelva con imparcialidad, sin presiones políticas y dentro del marco legal. Ahora, la legitimidad de los nuevos gobiernos municipales dependerá, en gran medida, de la solidez con la que el TEED actúe en estas semanas decisivas.

X: @Vic_Montenegro