Juez ordena a Trump cerrar el Alligator Alcatraz y prohíbe ingresar a más migrantes detenidos
Un juez federal ordenó el cierre del centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Cayos de Florida, al considerar que las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos violan derechos humanos básicos.
La resolución establece un plazo de 60 días para desalojar y clausurar el recinto, además de prohibir al gobierno de Donald Trump ingresar a nuevos detenidos durante ese periodo.
Críticas a las condiciones del centro
El fallo judicial responde a múltiples denuncias sobre el estado de las instalaciones, calificadas por organizaciones de derechos humanos como inadecuadas e insalubres. Migrantes retenidos relataron condiciones de hacinamiento, falta de acceso a atención médica y escasez de alimentos, lo que encendió las alarmas en distintos sectores.
El juez subrayó que mantener el centro en funcionamiento bajo esas circunstancias representaba un riesgo para la vida y dignidad de los internos.
¿Realmente qué representa?
La clausura del Alligator Alcatraz es un fuerte revés para la política migratoria impulsada por Trump, que había utilizado este centro como uno de los principales puntos de detención de migrantes indocumentados.
El fallo judicial limita su capacidad de seguir endureciendo las medidas en la frontera sur, al restringir la posibilidad de ampliar la cifra de detenidos en el corto plazo.
Reacciones divididas
Mientras grupos defensores de los migrantes celebraron la decisión como un triunfo histórico en la lucha por los derechos humanos, sectores conservadores criticaron el fallo, acusando al Poder Judicial de interferir en la seguridad nacional. Funcionarios cercanos a Trump aseguraron que buscarán impugnar la decisión para evitar que el cierre afecte los operativos migratorios en curso.
El gobierno ahora está obligado a trasladar a los migrantes recluidos en Alligator Alcatraz hacia otros centros, aunque el juez advirtió que deberá garantizar condiciones dignas y un proceso que respete los derechos fundamentales. La orden también obliga a las autoridades a presentar un plan detallado sobre el cierre y la reubicación antes de cumplirse los 60 días.