Justicia y dolor completo
La muerte de Luis Manuel Santos Valenzuela, un joven de 22 años que trabajaba como conductor de conocida plataforma de taxis, no sólo dejó una familia devastada, sino además propició una nueva ola de indignación ciudadana por lo que parece una investigación opaca y apresurada, en un contexto donde la percepción es que, en Durango, se puede comprar la impunidad.
Por más discursos institucionales que escuchemos sobre justicia, reglamentos nuevos o promesas de investigación, lo cierto es que, la muerte del joven trabajador del volante, desnuda -otra vez- lo que desgraciadamente ya es un comportamiento sistemático en Durango: la simulación de las autoridades frente a tragedias que pueden ser evitables.
Luis Manuel murió haciendo lo que muchas personas hacen en esta ciudad para sobrevivir, como tratar de trabajar honradamente pese a tener que cubrir 12 horas al día, en condiciones precarias, expuesto a riesgos que no dependen de él, pero que sí recaen sobre él. Una camioneta de lujo -una RAM TRX valuada en más de dos millones de pesos- se lo llevó por delante.
Hoy, la versión oficial nos quiere convencer de que el responsable ya se entregó y que todo está en orden; sin embargo, ni la ciudadanía ni su familia creen esa versión. Y es que en Durango, lamentablemente, ya no se puede creer en las instituciones. Se duda, se sospecha y se protesta en contra de ellas.
Los videos de vigilancia supuestamente confirman la responsabilidad del detenido, pero también hay testigos que vieron a más personas huir. La familia no ha sido informada con claridad. No hay transparencia, no hay resultados. Y mientras tanto, ellos, con su duelo a cuestas, tuvieron que cerrar los accesos a la Feria Nacional Villista para que se les escuche.
El joven deja a una familia rota, un hijo pequeño y una sociedad cansada. Porque este no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, una patrulla atropelló y mató a otro joven motociclista. ¿Resultado? Nada. Un comunicado más. Un pésame vacío. Un nuevo e inútil reglamento vial.
No es casualidad que haya quienes desconfían del nuevo reglamento de tránsito. No por sus objetivos -que pueden ser correctos en el papel- sino porque nadie cree que se vaya a cumplir, ni a aplicar con equidad y firmeza. ¿Se multará a quien va a exceso de velocidad si es hijo de un funcionario? ¿Se detendrá a quien huye si tiene influencias, dinero o poder de cualquier índole? ¿O se repetirá el patrón de siempre?
Lo cierto es que Durango vive una crisis de legitimidad institucional. Las muertes viales se acumulan y la justicia se diluye entre boletines oficiales y declaraciones sin peso ni sustento. Y la gente, como en el caso de Luis Manuel, ya no espera justicia… la exige y grita por ella.
EN LA BALANZA.- El incidente ocurrido durante la manifestación de madres de niños con cáncer en la Feria Villista, donde el director de Comunicación Social del Gobierno de Durango confrontó a una reportera en plena cobertura, pone sobre la mesa la importancia de preservar el respeto a la libertad de informar y la libre expresión. Si bien las áreas de comunicación social tienen la tarea de salvaguardar la imagen institucional, esto no es excusa para interferir en el ejercicio periodístico. Intimidar o desacreditar públicamente a cualquier periodista, no abona al diálogo democrático y mancha severamente la imagen del gobierno estatal. El hecho no puede ni debe minimizarse, pues es un ataque directo al periodismo y al derecho ciudadano de estar informado.
X: @Vic_Montenegro