La bebé apareció; la justicia no

En Durango, la indignación social por el robo de una recién nacida del Hospital Materno Infantil derivó en algo más que una búsqueda de justicia. Hoy, el caso trasciende a exponer la fragilidad institucional de un sistema judicial que, lejos de esclarecer, parece necesitar culpables inmediatos para calmar la presión pública.

La irritación ciudadana ante la desaparición de la pequeña Judith fue comprensible y legítima. Sin embargo, la manera en que las autoridades han manejado el caso deja ver la urgencia de ofrecer resultados rápidos, aunque para ello se pisoteen derechos, se fabriquen culpables y se utilice el miedo como herramienta de control.

Anabel "N", trabajadora de limpieza del nosocomio, fue detenida como presunta cómplice de la sustracción. Desde el primer momento, su familia denunció irregularidades como una detención sin orden, incomunicación, presuntos maltratos físicos y psicológicos, y un proceso judicial donde ni siquiera se permitió la presencia de su abogado particular.

A ello se suma la actuación evidenciada de agentes policiacos intentando intimidar a manifestantes, y el polémico video donde se observa a un elemento estatal dejar caer una bolsa con un polvo blanco dentro de una camioneta de las protestantes. La Secretaría de Seguridad Pública respondió asegurando que "eran monedas"; no obstante, la explicación no disipó la desconfianza ciudadana.

La suma de señales exhibe una preocupante normalización del abuso, la improvisación y la falta de transparencia institucional. En Durango, la justicia parece depender más del discurso oficial que de las pruebas. Se informa a los medios con soltura, se construye una historia para el público, pero se omite garantizar un proceso limpio y verificable.

Lo que debería ser un proceso judicial transparente se ha contaminado con una preocupante dosis de autoritarismo, reforzando la percepción de que la justicia en Durango no es un derecho universal, sino un privilegio que se otorga o se niega según convenga. Mientras tanto, la ciudadanía reclama lo que debería ser obvio: el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Anabel podría ser inocente o culpable; eso deberá determinarlo la evidencia. Pero, mientras tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que su proceso sea limpio, que no haya tortura, ni presiones, ni juicios mediáticos. Porque la justicia, cuando se convierte en espectáculo, deja de ser justicia y se vuelve propaganda.

El caso de la bebé Judith debería ser una lección de humanidad, empatía y rigor institucional. Empero, se ha transformado en un espejo de lo que no debe ocurrir en un Estado de Derecho: autoridades que se justifican, policías que siembran sospechas y ciudadanos que ya no confían en ellas.

EN LA BALANZA.- Resulta preocupante que hoy, cuando poco se habla del Covid-19 y la sociedad ha relajado las medidas de prevención, se olviden las secuelas de un virus que llegó para quedarse. La demencia dejó de ser un padecimiento exclusivo de la vejez para convertirse en un problema silencioso que amenaza a generaciones cada vez más jóvenes. El impacto neurológico y emocional de la pandemia parece haber acelerado sus efectos, revelando un costo colateral que pocos han querido ver. En Durango, los especialistas alertan que ya hay casos desde los 40 años, un dato alarmante si consideramos el ritmo de vida, el estrés y la falta de atención a la salud mental que impera en nuestra sociedad.

CERROS SECOS Y PELONES... La falta de titulares en dependencias estatales de La Laguna de Durango son muestra del desinterés político del gobernador Esteban Villegas hacia una región clave para el equilibrio económico y social. La Subsecretaría de Gobierno permanece acéfala desde abril, cuando Raúl Meraz dejó el cargo para buscar la alcaldía de Gómez Palacio; Recaudación de Rentas en Lerdo sigue sin titular tras la salida de Francisco Bueno. El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) también opera sin responsable desde la renuncia de Marcos Cordero, cuyos motivos nunca fueron aclarados oficialmente. A esta lista se suma el área Jurídica del Gobierno del Estado en la región, igualmente bajo un encargado de despacho.

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